COVID-19, PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ÁMBITO MINISTERIO.




Desde la Dirección General para el Servicio Público de Justicia se han redactado las medidas recomendadas para el personal de Justicia en ámbito ministerio, tanto para la prevención y control de riesgo de exposición  al COVID-19, como las actuaciones a realizar ante la aparición de un caso confirmado, y el procedimiento de actuación frente a casos de infección.




En esas medidas no se contempla ni el cese de la actividad en los órganos judiciales, ni el cierre de los órganos judiciales, ni dejar de atender a los justiciables. Tampoco se habla de flexibilidad horaria, o qué hacer en caso de tener que conciliar vida familiar y laboral, por ejemplo en el supuesto de cierres de colegios, etc, medidas que sí que se contemplan en la Resolución dictada por Función Pública para la Administración General del Estado. En nuestro caso se han centrado más en el aspecto sanitario, higiene, etc.
Se trata de medias de prevención de carácter personal, en el entorno físico de trabajo, medidas de organización en el trabajo y medidas más específicas para el personal especialmente sensible.
Por otra parte, también se estable el protocolo de actuación en el supuesto de un caso confirmado en el entorno laboral. En este caso, según el protocolo de la Dirección General, no se contempla la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo, sino extremar las medidas generales de higiene y protección de los demás compañeros, adaptando la actividad laboral  a esas circunstancias, además de dar la instrucciones a las empresas de limpieza para esmerar las medidas de limpieza y desinfección del puesto de trabajo.

En  otras palabras, nuestra Administración empleadora (ámbito ministerio) no contempla la ausencia al puesto de trabajo, ni permisos, ni flexibilidad de jornada, ni cese de actividad, como consecuencia del COVID-19. 
Obviamente, si algún compañero/a cae enfermo, o muestra síntomas ( sin caer en la hipocondría) lo que tiene que hacer es acudir, o llamar, a los servicios médicos y si el médico considera que debe estar de baja médica y ausentarse del trabajo, pues debemos estar a lo que diga el médico, con independencia de lo que diga la Administración.

Recordamos que MUGEJU ( obviamente también es válido para los compañeros encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social)  ha emitido un comunicado en el que se señala que  los mutualistas (tanto los adscritos al Sistema Sanitario Público, como los adscritos a Entidades Médicas Privadas), con síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda (inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dificultad respiratoria/falta de aire) y, que en los 14 días previos al inicio de los síntomas, hayan vuelto de alguna de las zonas geográficas de riesgo o hayan estado en contacto o en el mismo lugar que un caso probable o confirmado de coronavirus Covid-19, deben llamar al teléfono de emergencias 112, o al 061 desde donde se valorará, informará y determinará la actuación a seguir en cada caso. 


Por último señalar que desde STAJ -Baleares hemos solicitado al Gerente Territorial que convoque con urgencia el Comité de Seguridad y Salud del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en las Islas Baleares, a fin de tratar las siguientes cuestiones:

1.- Se instalen mamparas en los mostradores de atención al público con el fin de prevenir, en la medida de lo posible, los contagios que se puedan producir en la atención al público, tanto para los ciudadanos y profesionales, como para los propios funcionarios que prestan servicio en esos puestos de trabajo y están expuestos a un mayor riesgo. Especialmente en los Juzgados que realizan funciones de guardia, en los Registros Civiles, y Decanatos.

2.- Se provea de dispensadores de gel hidroalcohólico, así como guantes de un solo uso para los ciudadanos y profesionales que acuden a los órganos judiciales, y guantes de látex para los funcionarios.