En la tarde de ayer STAJ y los otros tres sindicatos representativos de Justicia de ámbito nacional (CSIF, UGT y CCOO) mantuvimos reunión con el Grupo Parlamentario Popular, dentro de la ronda de contactos que los cuatro sindicatos estamos manteniendo con los diferentes grupos parlamentarios.
STAJ trasladó a los representantes populares nuestra rotunda oposición a que el Registro Civil pase a manos de los Registradores de la propiedad, en lo que sería una privatización de un servicio que ha venido siendo público y gratuito desde su creación, con el consiguiente riesgo para la privacidad de datos sensibles de los ciudadanos.
STAJ trasladó a los representantes populares nuestra rotunda oposición a que el Registro Civil pase a manos de los Registradores de la propiedad, en lo que sería una privatización de un servicio que ha venido siendo público y gratuito desde su creación, con el consiguiente riesgo para la privacidad de datos sensibles de los ciudadanos.
STAJ puso de manifiesto que la única
garantía de confidencialidad de todos los datos que acceden al Registro Civil
es que continúe siendo gestionado por funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia. STAJ también le manifestó nuestra total preocupación
respecto a los Juzgados de Paz exigiendo que se mantengan por ser primordial
para el ciudadano así como para los funcionarios.
En este sentido, STAJ ha trasladado al
Grupo Popular nuestra propuesta de que el Registro Civil, aun desjudicializándose,
sea gestionado enteramente por funcionarios de Justicia, pertenecientes
a los Cuerpos de Secretarios judiciales, Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, como funcionarios
profesionales altamente cualificados en la materia y en la atención al público especializada
que requiere un servicio como el Registro Civil, y por tanto, continúe
siendo un servicio de la Administración de Justicia aún sin estar
servido por Jueces.
El portavoz de Justicia del Grupo Popular valoró
positivamente que mantuviéramos una postura común.
Indicó que desconocía si estaba tomada decisión
definitiva sobre el traspaso de los RC manifestando que por las “ultimas
noticias parecía que con uno de los dos compromisos del Ministro de Justicia,
LA GRATUIDAD, los mismos Registradores se apartaban de este traspaso”
El representante popular tomó nota de nuestras
propuestas, que encontró interesantes, y ofreció su compromiso de trasladarlas
al Ministro de Justicia de forma inmediata y a actuar de mediador para que los responsables
del Ministerio mantengan una reunión con los sindicatos a fin de abordar
directamente esta cuestión. También afirmó que los puestos de trabajo están
garantizados y que no se va a “despedir” a nadie, aunque a este respecto STAJ
fue tajante: en primer lugar, porque los únicos que tienen el puesto
garantizado, aunque sea mediante reordenación, son los funcionarios de carrera,
pues las plazas ocupadas por interinos se amortizarían, y en segundo lugar, porque
el Ministerio no puede garantizar algo sobre lo que no tiene competencias, pues
en materia de personal, la gestión del personal funcionario corresponde a las
Comunidades Autónomas que las han asumido esa competencia, y la realidad es que
hay CCAA que ya están aplicando recortes de personal en Justicia (véase Madrid o
Cataluña, o Andalucía, que ha ralentizado la cobertura de bajas).
A pesar de estos compromisos, no podemos
llevarnos a engaño: NO PODEMOS PARAR NUESTRAS REIVINDICACIONES TENEMOS QUE
CONTINUAR HASTA CONSEGUIR EL MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS CIVILES EN
JUSTICIA. Incrementaremos las movilizaciones si el Ministerio sigue sin
atender nuestras propuestas, CONSENSUANDO las futuras acciones de
protesta EN UNIDAD DE ACCIÓN y con los funcionarios, sin protagonismos
sindicales y sin aventuras solitarias que no conducen a nada más que a vender
recortes de prensa.