En el BOE de 22 de abril de 2020 se ha publicado un Real Decreto de medidas económicas urgentes, entre las que se incluye el trasvase de la gestión de las Clases pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Está recogido en las Disposiciones Adicinales, Sexta y Séptima, y Disposición Transitoria Segunda, y Diposición Final Primera del Real Decreto.
Es decir, que el sistema de jubilación para quienes ingresaron antes del año 2011 ya no lo gestionará el Ministerio de Hacienda, sino el Ministerio de la Seguridad Social.
La medida se ha dictado por vía urgente y al amparo de la extraordinaria situación actual, obviando el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria. Una metodología que ya se está convirtiendo en un cuestionable hábito por ser poco democrático.
Qué puede suponer este cambio
En principio, lo que establece el Decreto Ley se puede resumir en los siguientes puntos:
- Toda la gestión de las pensiones de Clases pasivas pasa a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social
- El Estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de Clases pasivas; recuerden que la cuantía de la pensión de los funcionarios de Clases pasivas sale, básicamente, de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, se nutre de los impuestos y en menor medida de las cotizaciones sociales que aportamos en nuestra nómina. Pues bien, esa cuantía es la que el Ministerio de Hacienda transferirá a la Seguridad Social para el pago de las pensiones de los funcionarios de Clases pasivas
- De forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera durante un breve periodo transitorio.
- La competencia para el reconocimiento de nuestras pensiones corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que pasa a ser la entidad gestora competente para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas.
- Asimismo, corresponderá a dicho Instituto la administración y disposición de los créditos necesarios.
- La ordenación del pago de las prestaciones y el pago material de las mismas corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Los acuerdos del Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de Clases Pasivas pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- El complemento por maternidad pasa a depender asimismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de su Tesorería General.
En el Real Decreto no se contempla ninguna medida concreta respecto a los dos puntos que más nos afectan. Es decir, sobre si podremos seguir jubilándonos anticipadamente a partir de los 60 años y sobre si estos cambios supondrán alguna posible merma en nuestras pensiones. En el Real Decreto no se contempla ningún cambio al respecto.
Nuestra opinión es que este cambio normativo no nos aporta ningún beneficio, ya que hasta ahora nuestro pagador de pensiones era el propio Ministerio de Hacienda y las mismas iban por un camino distinto a las del resto de trabajadores dependientes de la Seguridad Social, sin que eso significara que fuese mejor, ni tampoco peor. Simplemente hubiéramos preferido que todo siguiera igual que hasta ahora, y desde luego haber abierto un periodo de consultas e información con los propios funcionarios afectados y su correspondiente tramitación parlamentaria, conforme a las normas democráticas.
Si bien es cierto que el sistema de Seguridad Social tenía algunas ventajas respecto al de Clases pasivas (unas ventajas que podrán aprovechar en su momento quienes han ingresado con posterioridad al año 2011) también tenía otros inconvenientes como la edad mínima para jubilarte.
El nuevo Decreto no equipara en ningún punto el Régimen de Clases pasivas con el de Seguridad Social, ya que se limita únicamente a transferir la gestión de dichas pensiones de Clases pasivas desde un Ministerio a otro. Cuestión distinta serán las posibles decisiones de cambio que se tomen a partir de ahora y que dada la coyuntura no serían nada deseables.
Desde este sindicato vigilaremos muy de cerca cualquier posible movimiento en dicho sentido para defender nuestros derechos adquiridos, exigir la máxima transparencia e impugnar cualquier posible modificación que afecte a dichos derechos, sobre todo si se adopta a través de vías o métodos tan cuestionables como la presente.