“#INSULARIDAD DIGNA”.
Concentración
25 de enero del 2022, a las 11.00 H.
EDIFICIO DE EXTRANJERÍA
El Movimiento de unidad de acción sindical por la calidad del Sector público nacional en Illes Balears y por la mejora de las condiciones laborales del personal a su servicio, se ha creado para reivindicar una “#INSULARIDAD DIGNA” en las Islas Baleares.
Formado por 18 sindicatos y asociaciones profesionales del ámbito de la Administración General del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Administración de Justicia, Agencia Tributaria, Instituciones penitenciarias, etc; ACAIP (instituciones penitenciarias), CCOO, CSIF, UGT, GESTHA (Agencia Tributaria), SIAT ( Agencia Tributaria), USO, Asociación profesional del ámbito de prisiones TAMPM, Asociaciones de profesionales del ámbito de la Guardia Civil como AEGC, AUGC, Unión GC y A.P. de Cabos de la G.C, y del ámbito de la Policía Nacional como CEP, SPP, SUP y UFP, y por supuesto el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia -STAJ- (Administración de Justicia).
El objetivo es conseguir la dignidad y el respeto que esta Comunidad Autónoma, sus ciudadanos y las personas que trabajan para el Estado se merecen, acabando con el agravio que supone un complemento de insularidad muy inferior al de otros territorios que también tienen ese complemento de insularidad.
Después de habernos reunido con las máximas autoridades de la Comunidad Autónoma (Presidenta del Govern, Delegada de Gobierno, Partidos políticos) iniciamos una ronda de concentraciones para visibilizar el problema que padecemos los empleados públicos de la Administración General del Estado, Administración de Justicia, Instituciones Penitenciarias, Agencia Tributaria, Policía Nacional, Guardia Civil, etc.
En ese contexto nos concentramos el próximo día 25 de enero, a las 11.00 h frente al edificio de extranjería de Palma de Mallorca.
El sector público en las Islas Baleares proporciona de forma muy cercana a la ciudadanía servicios públicos básicos para garantizar el bienestar y la seguridad de la población. No obstante, a pesar del número y de la importancia de los servicios públicos, este sector languidece tras años de abandono por parte de las Administraciones y de los dirigentes políticos que ha descapitalizado de empleados públicos los diferentes sectores, con el envejecimiento y la pérdida de las plantillas, cuando al mismo tiempo Baleares ha sido la Comunidad Autónoma que más ha crecido estos últimos 15 años; más de 200.000 habitantes, lo que representa un 20% del total de la población, más la población flotante y turistas. Esto significa una mayor carga de trabajo para el personal y peor servicio para los ciudadanos.
Este grave problema, lejos de solucionarse, se está agravando por elevada carestía de vida y un encarecimiento de los precios del mercado inmobiliario en las Islas Baleares, mucho más elevado que en el resto de España, además de los inconvenientes derivados de la insularidad (transporte, desarrollo familiar, laboral, académico), o la realidad lingüística. El resultado es que se trata de un destino poco atractivo y es mayoritariamente rechazado por aquellos opositores que logran obtener una plaza.
A nivel social y personal no se está generando arraigo en las personas que son destinadas de manera forzosa a las islas; más bien al contrario, solicitan la excedencia o abandonan el destino asignado en la primera ocasión que pueden optar a una plaza en otros territorios, donde el coste de la vida es inferior.
Todo lo anterior, sumado a la falta de reposición de jubilaciones, el alto porcentaje de entrada y salida del personal que trabaja en los servicios públicos, provoca la pérdida de conocimiento y experiencia y calidad necesarios para un mejor servicio público.
El objetivo es conseguir la dignidad y el respeto que esta Comunidad Autónoma, sus ciudadanos, y las personas que trabajan para el Estado se merecen.
Han transcurrido 16 años desde la anterior actualización de la indemnización por residencia, razón por la cual las cuantías de la indemnización han quedado totalmente desfasadas, además de existir una evidente discriminación con respecto a otros territorios nacionales extrapeninsulares.
Es por todo ello que procede la revisión y actualización de la cuantía de la indemnización para lograr una “ #insularidad digna.”
