VERITAS LIBERABIT VOS O LA VERDAD TE HARÁ LIBRE

No existe ningún ánimo de ofender a nadie con este escrito, tan solo el de información y denuncia. Puede ser que alguien se pregunte por qué ahora, en plenas negociaciones de la Nueva Oficina Judicial, en las que se exige la máxima unidad sindical. La razón es sencilla, apenas hace tres semanas que recibimos la primera nómina del año 2010, y es en ese contexto, en el económico o salarial es en el que se debe encuadrar este escrito. Este escrito NO pretende romper la necesaria unidad sindical con el resto de los sindicatos presentes en la Administración de Justicia, porque nada tiene que ver con la Nueva Oficina. Tiene otra naturaleza

Denuncia de forma enérgica de lo que en la práctica supone una “congelación salarial” firmada el pasado 25 de Septiembre de 2009 por ccoo, ugt y csif con el Gobierno para el período 2010-2012 en el que se fijan incrementos salariales del 0,3% que suponen una nueva pérdida poder adquisitivo. Pérdida de poder adquisitivo por dos motivos:
Este incremento del 0,3% (3 euros BRUTOS por cada mil) no sólo se traduce en un incremento de casi 0 de las nóminas sino que estas HAN DISMINUIDO al suprimir la deducción de los 400 euros, lo que supondrá elevar nuestro IRPF en casi 2 puntos porcentuales, y el segundo motivo porque el IPC real es superior a ese 0,3 %. Este último motivo es el de siempre, la subida del salario es inferior a lo que sube la carestía de la vida.

Hemos de ser muy beligerantes con la aptitud adoptada por estos sindicatos que han consentido que los trabajadores públicos hayamos perdido más de un 17% de poder adquisitivo en los últimos 15 años con la firma año tras año con los gobiernos de turno de sus acuerdos de incrementos salariales para los empleados públicos en base a falsas previsiones de IPC. Es necesario tomar conciencia de que los trabajadores de la Administración de Justicia somos acreedores de una deuda histórica que se ha ido generando a lo largo de todo este tiempo y que deberá ser saldada, deuda histórica que tiene su origen en la desviación salarial entre el IPC previsto y el IPC real.
Esta práctica congelación salarial que supone el 0,3% tiene la falsa coartada de la cláusula de revisión a aplicar en el año 2012 (largo lo han fiado), de difícil cumplimiento a la vista de las variables que deben concurrir (evolución presupuestaria, crecimiento económico, capacidad de financiación, aumento de la productividad…), resulta de escasa credibilidad teniendo en cuenta que en pleno período de crecimiento económico esos mismos sindicatos no han sido capaces de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores públicos, firmando incrementos sistemáticos del 2% en los últimos años. La dependencia de esta cláusula de tantas variables dificulta e incluso impide en la práctica su aplicación, y cuando menos deja al arbitrio del Gobierno su cumplimiento.
Sólo la consecución de acuerdos específicos en la administración de justicia en los diferentes ámbitos territoriales en los últimos años, tras las movilizaciones correspondientes, ha permitido que nuestras retribuciones hayan compensado la pérdida sistemática de los incrementos generales pactados por estos sindicatos.
Algunos de los máximos representantes de los sindicatos que aparecen en la foto del acuerdo 2010-2012 nos resulta ya conocido por su actitud durante la última huelga de la Administración de Justicia en el ámbito Ministerio (abril 2008) por “desacreditar” a los representantes de su sindicato, firmando su desconvocatoria y el acuerdo que rechazaban los trabajadores.
Debemos denunciar con firmeza que este tipo de acuerdos son parte de la “factura” que ccoo, ugt y csif deben pagar al Gobierno de turno a cambio de que este mantenga y aumente sus fuentes de financiación.
Desde 2006 las aportaciones públicas acumulan un crecimiento del 50%, alcanzando la subvención recibida por ccoo a ocho millones de euros, y la de ugt, a 7,8 millones. Llama aún más la atención que en 2007 y 2008, el aumento sea del 11% en el caso de ugt, y del 10% en el de ccoo, algo que en absoluto se corresponde con la inflación y que, en todo caso, es incompatible con la austeridad exigible en estas circunstancias de crisis económica, austeridad que si han firmado para nuestros salarios.
Nos hemos de preguntar hasta qué punto estas aportaciones públicas no limitan, mediatizan o coartan la libre acción sindical de estos sindicatos en la “promoción y defensa de los derechos e intereses” de los trabajadores de la Administración de Justicia.
En este sentido, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, señala:
" Expresamente serán consideradas lesiones a la libertad sindical los actos de injerencia consistentes en fomentar la constitución de sindicatos dominados o
controlados por un empleador o una asociación empresarial, o en sostener económicamente o en otra forma sindicatos con el mismo propósito de control."
Obviamente, en el ámbito de la función pública, el empleador al que hace referencia la ley es el Ejecutivo, es decir el Gobierno de turno y la Administración.
En el mismo sentido, y prácticamente utilizando las mismas palabras, se pronuncia la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el artículo 2 de su convenio 98.
El propio ordenamiento jurídico reconoce como atentado a la libertad sindical el sostener económicamente a una organización de trabajadores, y la califica como conducta antisindical, debido a que ese sostén económico, o de cualquier otra forma, limita o condiciona la acción libre del sindicato en la promoción y defensa de los intereses de los trabajadores. Este tipo de sindicatos tiene un nombre, el de sindicatos amarillos.
¿Cómo es posible que estos mismos sindicatos, ugt y ccoo que han firmado el 0,3 % para los empleados públicos (junto con csif, no lo olvidemos) durante el periodo 2010-2012, hayan firmado apenas cuatro meses después, en el ámbito de la empresa privada, un acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012, que contempla una subida salarial de hasta el 1% en 2010 y hasta el 2,5% en 2012?. La respuesta a esta pregunta es muy sencilla y está en relación con lo señalado anteriormente, porque esos mismos sindicatos, NO reciben de la patronal (ámbito de la empresa privada) los mismo millones de euros que sí que reciben del Ejecutivo (ámbito de la función pública), lo que les permite actuar con mayor libertad y contundencia a la hora de la promoción y defensa los derechos de los trabajadores de la empresa privada.
Pueden morder la mano, porque esa mano no les da de comer, mientras que en la función pública la mano sí que les da de comer.
Por ello, en el acuerdo 2010-1012 en el ámbito de la función pública, han centrado sus esfuerzos en preservar la aportación al Plan de pensiones de millones de trabajadores, de cuya gestora forma parte ccoo y ugt, a través de cuya gestión ingresan beneficios millonarios. Es inaceptable que lo único que SÍ garantiza este acuerdo sea el mantenimiento de las aportaciones del Plan de pensiones, que incluyen una aportación del 0,3 - 0,5 y 0,7 del conjunto de la masa salarial para 2010, 2011 y 2012, respectivamente. Como gestores del plan de millones de funcionarios ugt y ccoo han recibido hasta la fecha suculentos beneficios por su gestión. ¿Por qué no hacen públicos los beneficios? ¿Por qué no revierten esos beneficios de nuevo al Plan de pensiones como si fueran aportaciones de los trabajadores? Mientras dicen defender el sistema público de pensiones se aseguran una financiación extra a través del mayor Plan de pensiones de todos los trabajadores públicos. Siempre hemos defendido que esas cantidades reviertan mes a mes en los trabajadores y no se difiera a un plan no voluntario hasta la jubilación.
Como no podía ser de otro modo, el acuerdo no sólo no congela sino que potenciará la formación continua con más dinero público, que gestionarán principalmente los sindicatos firmantes. Sólo a nivel del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) las subvenciones para 2009 por formación continua a los sindicatos ya ascendían a 29 millones de euros!!. El STAJ siempre ha defendido que la formación debe impartirse por la propia Administración y no utilizarse por los sindicatos como un arma de clientelismo obligado y una fuente más de financiación, ya que la mayor parte de esas subvenciones son gestionadas por los sindicatos firmantes y un porcentaje importante de estas subvenciones no se les exige justificación
Estos sindicatos no se financian de sus cuotas, sino que “necesitan”, al precio que sea, este tipo de financiación, al que se suman las subvenciones directas, que para ccoo suma otros 6 millones y medio de euros más en 2009 (1.080 millones de pesetas). En esta “puesta del cazo a ver que subvención cae” no solo están u.g.t., cc.oo. y el csif, sino que recientemente se ha sumado también el sindicato u.s.o. y su franquicia en la Administración de Justicia s.p.j. Todo esto convierte a la formación en un camino de servidumbre con una doble vertiente. Por un lado la servidumbre del trabajador hacia el sindicato que oferta esos cursos, por cuanto en muchas ocasiones el trabajador se ve privado de la formación a la que tiene derecho por no estar afiliado o no simpatizar con el sindicato, y por otro lado la servidumbre del sindicato hacia el Ejecutivo (Administración y Gobierno de turno), que es quien pone el dinero para que la formación se lleve a cabo, dinero que como se ha dicho anteriormente necesitan esos sindicatos “al precio que sea”, incluso el de limitar su libertad en la acción sindical, de ahí la servidumbre que supone. En definitiva una trampa.
Al margen quedan las subvenciones a nivel autonómico. ¿Echamos cuentas?
Como trabajadores públicos, ¿podemos esperar de “esos sindicatos” que muerdan la mano que les alimenta? Obviamente la respuesta es NO.

Basta fijarnos en otros colectivos de trabajadores, tanto de la Administración pública como del ámbito privado para darnos cuenta que solo en aquellos colectivos en los que estos sindicatos (ugt, ccoo, csif, uso) no están presentes, o no son significativos, sus condiciones de trabajo, condiciones salariales y el reconocimiento a su carrera profesional es mucho mejor que la nuestra. Colectivos como los médicos, enfermería, inspectores de Hacienda, pilotos de líneas aéreas, o los ahora cuestionados controladores aéreos, o sin ir más lejos los Secretarios Judiciales, tienen sus propios sindicatos específicos e independientes del poder político, sindicatos SIN INTERESES CONTRAPUESTOS en otros colectivos porque no están presentes en otros colectivos, no representan a ningún otro colectivo y eso les hace libres en su acción sindical, amén de que no están controlados ni subvencionados por el Gobierno de turno. En este sentido señalar que el csif ya no es solo un sindicato de funcionarios, como muchas personas se creen, también está presente en la empresa privada y por tanto puede tener otros intereses contrapuestos
Nos vemos en la obligación de trasladar al conjunto de trabajadores de la Administración de Justicia la siguiente reflexión:
Como trabajadores públicos ¿es coherente pertenecer o apoyar a unos sindicatos cuyos dirigentes rubrican un acuerdo que supone la “congelación” salarial de los empleados públicos con el pretexto de la situación económica, cuando esos mismos sindicatos, en tiempos de crecimiento, han acordado o asistido impasibles a la continuación de pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios?
Como trabajadores públicos ¿podemos esperar de esos sindicatos que se movilicen alguna vez contra el Gobierno de turno en defensa de los salarios públicos, cuando dependen y se benefician de millonarias subvenciones directas, por formación, planes de pensiones, etc..?
Más que nunca os invitamos a uniros a un proyecto sindical alternativo, independiente, profesional y específico de Justicia que representa el STAJ, con un compromiso de trabajo de gestionar los intereses de los trabajadores de la Administración de Justicia con firmeza y honestidad.
UNETE A STAJ!