Os transcribimos la carta que el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia -STAJ- ha dirigido al Sr.
Ministro de Justicia solicitando reunión urgente ante la modificación de la Ley
del Registro Civil. La carta ha sido presentada hoy mismo en el Registro de entrada del Ministerio de Justicia.
MINISTRO DE JUSTICIA
Alberto Ruíz-Gallardón
28071 – Madrid
Asunto: solicitud de reunión urgente ante la
modificación de la Ley del Registro Civil
En julio del año 2011 se promulgó la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que suponía su desjudicialización, hasta ahora gestionado por la Administración de Justicia, siendo los jueces los “encargados” del mismo y los funcionarios de los distintos Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia quienes desempeñamos las funciones propias de apoyo a esa actividad de Registro Civil. Esa Ley preveía un periodo de vacatio legis de 3 años que expira el próximo mes de julio de 2014.
El Ministerio de Justicia, del que Vd. es el responsable, ha venido manejando una próxima modificación de dicha Ley, o más bien su derogación por una nueva, sin la mínima transparencia ni hacia la ciudadanía ni hacia los miles de trabajadores públicos de la Administración de Justicia afectados. Durante este tiempo los medios de comunicación se han hecho eco de la procedencia profesional de los principales “diseñadores” de esta reforma, que resultan ser Registradores, al igual que familiares directos del Ministro de Justicia y del propio Presidente del Gobierno, este último en excedencia en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, que representa un evidente conflicto de intereses que exige explicaciones por parte del Gobierno y del Ministerio implicado.
En los últimos días ha trascendido una carta del Colegio de Registradores de la propiedad en la que el Ministerio de Justicia les asigna la gestión de los Registros Civiles, sin que hasta hoy se haya confirmado ni desmentido oficialmente su contenido por Vd, ni se haya dado ningún tipo de información a los representantes de los trabajadores, pese a que STAJ solicitó reunión urgente con los máximos responsables de su Ministerio.
En julio del año 2011 se promulgó la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que suponía su desjudicialización, hasta ahora gestionado por la Administración de Justicia, siendo los jueces los “encargados” del mismo y los funcionarios de los distintos Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia quienes desempeñamos las funciones propias de apoyo a esa actividad de Registro Civil. Esa Ley preveía un periodo de vacatio legis de 3 años que expira el próximo mes de julio de 2014.
El Ministerio de Justicia, del que Vd. es el responsable, ha venido manejando una próxima modificación de dicha Ley, o más bien su derogación por una nueva, sin la mínima transparencia ni hacia la ciudadanía ni hacia los miles de trabajadores públicos de la Administración de Justicia afectados. Durante este tiempo los medios de comunicación se han hecho eco de la procedencia profesional de los principales “diseñadores” de esta reforma, que resultan ser Registradores, al igual que familiares directos del Ministro de Justicia y del propio Presidente del Gobierno, este último en excedencia en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, que representa un evidente conflicto de intereses que exige explicaciones por parte del Gobierno y del Ministerio implicado.
En los últimos días ha trascendido una carta del Colegio de Registradores de la propiedad en la que el Ministerio de Justicia les asigna la gestión de los Registros Civiles, sin que hasta hoy se haya confirmado ni desmentido oficialmente su contenido por Vd, ni se haya dado ningún tipo de información a los representantes de los trabajadores, pese a que STAJ solicitó reunión urgente con los máximos responsables de su Ministerio.
STAJ reitera nuevamente su rechazo a la
desjudicialización y privatización del Registro Civil que como servicio público
considera debe continuar siendo prestado por los actuales funcionarios de la
Administración de Justicia.
Con la
desjudicialización prevista en la Ley de 2011, como en la proyectada ahora por
el Ministerio, al extraerse esta función de la Administración de Justicia, se
puede producir una importante pérdida de puestos de trabajo ocupados por
funcionarios de Justicia que actualmente tienen encomendada las labores propias
del Registro Civil. El riesgo de pérdida de empleo público, por tanto, es
enorme. Estarían afectados unos 3.000 puestos de trabajo en toda España, al
afectar también a los Juzgados de Paz que perderían la práctica totalidad de
las competencias en materia de Registro Civil, con el consiguiente alejamiento
de la ciudadanía en esta materia.
De
confirmarse la entrega de los Registros Civiles a los Registradores de la
Propiedad estos pasarán a controlar gran parte de los actos jurídicos de la
vida civil de los ciudadanos, con lo que ya no serán llevados por funcionarios
públicos como los actuales sino por trabajadores privados contratados por los Registradores.
Desde el
Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia consideramos que el
Registro Civil debe continuar siendo un servicio enteramente público,
gestionado por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de
Justicia. Nos oponemos tanto a la desjudicialización en los términos previstos
en la Ley de 2011, como a la privatización proyectada ahora por el Ministerio
de Justicia. Proponemos que los Registros Civiles continúen siendo un servicio
de la Administración de Justicia, en el que los Secretarios Judiciales sean los
Encargados de los mismos, y los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal
y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial,
continúen prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro
Civil, configurándose como Centro de Destino en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo en la
que se garantice la permanencia de la plantilla que actualmente está destinada
a funciones de Registro Civil.
Por todo
ello, solicitamos que con la máxima urgencia se convoque reunión en la que Vd.
como máximo responsable del Ministerio debe estar presente, en la que se nos
facilite toda la información sobre el actual proceso de modificación de la Ley
del Registro Civil, se nos haga entrega de su texto provisional o definitivo
para que esta organización sindical pueda presentar las alegaciones y enmiendas
que le corresponden en representación del conjunto de trabajadores afectados.
Así mismo, de
confirmarse la cesión a los Registradores de la Propiedad o a otro colectivo,
solicitamos:
-
Se nos confirme si los actos jurídicos propios de los
Registros Civiles (nacimientos, defunciones, nacionalidades, bodas, divorcios,
nulidades, cambios de nombre y sexo, régimen económico de los matrimonios… y
otros que se les puedan encomendar) van a seguir siendo gratuitos para los
ciudadanos. De no serlo solicitamos información sobre el coste para el
ciudadano.
-
De continuar
siendo gratuitos, se nos informe de si hay previsión presupuestaria y su
cuantía a favor de los Registradores de la Propiedad por encomendarles esta
labor.
-
Se
nos informe de si esta cesión a favor de los Registradores va a conllevar una
simplificación en los trámites o por el contrario va a suponer una mayor
burocratización en la intervengan diferentes actores jurídicos y
administrativos.
-
De
sustraerse a los actuales funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia las funciones propias de apoyo al Registro, se nos informe de cómo
piensa garantizar su Ministerio la confidencialidad de los actos registrales.
-
Se
nos de traslado de los datos actualizados de las plantillas de funcionarios de
los Registros civiles y de los Juzgados de Paz afectados.
-
Se
nos informe del calendario de aplicación, en especial en todo lo relativo al
proceso que afecte a las plantillas de funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia.
Por
último, esta organización sindical comunica a ese Ministerio la
continuación de acciones de protesta y reivindicativas en contra de este
proceso privatizador y en defensa de todos los puestos de trabajo amenazados
por esta reforma.
Madrid, 20 de
febrero de 2014.
Secretario General STAJ
Carta al Sr. Ministro de Justicia
