El Ministerio de Justicia ha decidido, finalmente, asignar a los
Registradores la llevanza del Registro Civil, manteniéndose la gratuidad para
el ciudadano, como hasta ahora.
El
Ministerio, en una postura cobarde y mezquina y contraria al Principio de Buena
Fe que debe presidir toda relación laboral, ha ocultado la realidad al
colectivo de funcionarios, a sus propios funcionarios de Justicia, y la
realidad es que a fecha de hoy el Ministerio de Justicia ha decido entregar los
Registros Civiles a los Registradores. La decisión fue comunicada a la Junta de
Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles el pasado
lunes 10 de febrero, por la tarde.
EL
MINISTERIO NO HA DICHO NADA FORMALMENTE, nos hemos enterado por otros
medios, pero en conversaciones privadas nos han comunicado que es verdad pero
que no van a decir nada oficial, de momento.
La máxima preocupación del Ministerio de Justicia
es la inminente entrada en vigor de la ley del Registro civil del 2011, que
tiene una vacatio legis de tres años, vacatio que finaliza en julio de
este año, y esta preocupación ha obligado a adoptar esta decisión definitiva
sobre la llevanza del Registro Civil.
Sabemos, y esto es seguro, que el
Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Sr. Gonzalo
Aguilera, informó el 12 de febrero, a través de una carta remitida a todos los
registradores, [sic] "Al final la decisión de Gobierno ha
sido la de asignar el Registro Civil a los registradores. Esta asignación se
hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en los
aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del
Registro Civil, dentro
del respeto, como es lógico, a la Ley de 2011 (Ley 20/2011, de 21 de julio, del
Registro Civil)".
Mandato de la Asamblea de Registradores en la reunión que tuvieron el abril del 2013
Haciendo un poco de cronología, el
colectivo de Registradores había dicho "no" al Registro Civil
en la Asamblea
General de Zaragoza (abril de 2013), si Justicia decidía
asignarles su llevanza, señalando que : "con todo respeto y dignidad,
le propondríamos una serie de medidas para su mejor llevanza en beneficio del
interés público. Unas, de tipo organizativo, otras de consenso político, social
y jurídico sobre el proyecto y un sistema de financiación adecuado".
La ponencia aprobada en la Asamblea
proponía que la Ley disponga,
"sin ningún tipo de ambigüedad", que la financiación del Registro
Civil correrá a cargo de sus usuarios. Para
ello, se solicitaba que junto con la aprobación de la Ley, de forma simultánea,
se aprobase el arancel correspondiente y entrase en vigor el Reglamento.
En noviembre de 2013, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea de Registradores del mes de Abril, rechazó la asunción del Registro Civil mientras no se presentase una memoria económica sobre su posible coste real y sin un sistema de financiación directo que garantizase su viabilidad.
Pasa el tiempo, apenas tres meses, y
ahora resulta que sí aceptan la llevanza del Registro Civil. Sospechamos que es
porque:
- O el Ministerio de Justicia miente
cuando dice que los servicios que presten los Registradores de la Propiedad no
van a tener coste alguno para los ciudadanos (algo que no se lo creen ni
ellos).
- O el Ministerio de Justicia va a dar
a los Registradores de la Propiedad los recursos económicos que hasta ahora no
había destinado al Registro Civil, algo que por desgracia nos tememos que es lo
que va a ocurrir.
Esta opción viene corroborada si atendemos a lo dicho por
el Ministro de Justicia, Sr. Ruíz-Gallardón, el pasado 3 de Febrero cuando dijo
a los Notarios y Registradores:
“estén dispuestos a asumir más
funciones, como predica el Gobierno, y que recorran juntos este nuevo camino,
asegurando que este colectivo tendrá el “apoyo”
del Ejecutivo si atiende su propuesta de aumentar las funciones que en la
actualidad tiene encomendadas y de que “el camino para avanzar” es que
registradores y notarios hagan una “reflexión conjunta.
El negocio perfecto, el Ministerio
asume los costes, pero los Registradores se quedan con los beneficios.
Este Ministerio no ha tenido en cuenta
las propuestas que a lo largo del tiempo ha hecho STAJ (Registro Civil moderno y eficaz, con recursos económicos,
tecnológicos y materiales, interconexión de los Registros civiles, servido por
funcionarios de la Administración de Justicia con años de experiencia) y si
bien en algún momento hubo la posibilidad de que los Secretarios se quedaran al
frente de los Registros, así como los funcionarios de Justicia, ahora de manera
torticera y descarada ha decidido privatizar este servicio.
El servicio del Registro Civil ha sido prestado
razonablemente bien por los Funcionarios de Justicia, teniendo en cuenta la
escasez de recursos económicos, materiales y tecnológicos y no hay necesidad de
entregárselo a los Registradores. Basta con que ese apoyo, al que se refiere el
Ministro, se dé a los Registros Civiles dentro de la Administración de Justicia
y a los funcionarios de Justicia, para que ese servicio se preste en unas
mejores condiciones, estamos seguros de ello. Esa es la alternativa que siempre
se ha propuesto desde STAJ.
En reuniones pasadas prometieron no amortizar
plazas de funcionarios, pero ahora ¿qué pasa? van a cumplir una palabra que nos
dieron, o como siempre prometen pero luego no cumplen nada de nada,
nunca o casi nunca cumplen lo prometido. Además, supone la pérdida de
plazas para concurso de traslados, para la promoción interna y para nuevo
ingreso, algo que redunda de forma negativa en la carrera profesional y en la
posibilidad de acceder a otra plaza que nos resulte más interesante.
Los grandes beneficiados son los Registradores
de la Propiedad y Mercantiles, y los trabajadores de esos Registros, que se les
asegura una carga de trabajo, carga de trabajo que desaparece de los Registros
Civiles y por tanto del ámbito de la Administración de Justicia. Los grandes
perdedores el colectivo de funcionarios de Justicia.
