El Ministerio de Justicia exige como condición irrenunciable la gratuidad del servicio para el ciudadano, sin excepciones.
El Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores no han logrado llegar a un acuerdo sobre la gestión del Registro Civil. Después de semanas de negociaciones, en una reunión mantenida ayer, el Colegio rechazó asumir la gestión del Registro Civil si el nuevo modelo no incluye una contraprestación económica.
Esta postura choca
frontalmente con una de las líneas rojas establecidas por Justicia, que
es precisamente la de la gratuidad total del servicio para los
ciudadanos, sin excepciones.
Esta cuestión se ha
convertido en un escollo insalvable: los registradores exigen una
contrapartida económica ya sea a través del pago del ciudadano por
algunos trámites, o por la vía de la asignación económica en los
presupuestos generales, algo a lo que Justicia se niega.
Este
desacuerdo en torno a la financiación ha provocado que el Ministerio
tome la decisión de explorar otras dos o tres opciones alternativas.
Mientras, la asignación de la gestión del Registro Civil sigue en el
aire a la espera de que se acuerde un nuevo modelo, teniendo en cuenta
que el legislador estableció en 2011 como fecha tope el próximo 22 de
julio. Las mismas fuentes señalan que la decisión que finalmente se
adopte será comunicada en un plazo de dos o tres semanas. En todo caso, la ley que se apruebe incluirá una prórroga de hasta un año para poder poner en marcha el nuevo sistema.
Malestar por la carta.
Hace
unas semanas, el Decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera,
remitió una carta a todo el colectivo en la que afirmaba que “al final
la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los
registradores”.
El Ministerio de Justicia no tardó en reaccionar
recordando que no había ninguna decisión tomada y recriminando que en la
carta no se hablara de la financiación y de la exigencia impuesta por
el Ministerio en cuanto a la gratuidad del servicio.
