El Ministerio de Justicia aplaza
la ley del Registro Civil al no encontrar quien asuma la gestión.
En el mes de julio del año 2011,
todos los grupos políticos, a propuesta del PSOE (la ley no es de Gallardón,
sino del anterior Ministro de Justicia, Sr. Caamaño), aprobaron una ley por la que
se traspasaba las funciones de los Registros Civiles, funciones que son de carácter
administrativo a “funcionarios públicos
distintos de aquellos que integran el Poder Judicial”, para que de esta
forma los jueces (actuales titulares de los Registros civiles) pudieran centrarse
en su labor jurisdiccional: juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado.
La ley no especificaba en qué Cuerpo de funcionarios
públicos se delegaría. En la propia ley
del registro civil se estableció una vacatio legis de 3 años, de tal manera que el
traspaso de los registros civiles a ese otro Cuerpo de funcionarios públicos
(que aún no sabemos cual será) debía estar en funcionamiento en el mes de julio
del 2014, en concreto el día 22 de julio,… faltan menos de dos meses.
Pues bien, el Ministerio de Justicia no ha logrado llegar a un
acuerdo con ningún Cuerpo de funcionarios para realizar el traspaso. En un principio fueron los Registradores de
la
propiedad. Los Registradores
de la Propiedad son funcionarios públicos, incluso dependen del Ministerio de
Justicia, a través de la
Dirección General del Registro de y del Notariado, pero
parece que finalmente se ha desistido, suponemos que por cuestiones de dinero,
ya que estos funcionarios no cobran un salario, como el resto de los
funcionarios de Justicia, sino que cobran por arancel (una especie de comisión
a los clientes), y el Ministerio rechazó las acusaciones de
privatización del Registro Civil asegurando que todos los trámites
seguirían siendo gratuitos, algo difícil
de compaginar con la forma de retribución de los Registradores de la Propiedad.
Rotas las negociaciones con los
Registradores de la Propiedad (ya veremos si definitivamente o vuelven dentro
de un tiempo), y obligado por la propia ley, que establece la desjudicialización
del Registro Civil, el Ministerio de Justicia continuó buscando una solución a
un problema que no existía, y es que la
solución pasaría por entregar el Registro a "funcionarios
de distintos Cuerpos". Se
ha hablado incluso de los Registradores mercantiles. Aún no sabemos qué
funcionarios serán, ni cuándo.
Parece que el Sr. Ministro de Justicia está en
la búsqueda “del funcionario perdido”
y no le encuentra.
Por eso, en este momento es
imposible que la ley del 2011 entre en vigor, pero a la vez se cumple el plazo
establecido en la norma. Sino
se hace nada para evitarlo, se produciría, a partir del 22 de julio, una
extraña situación; de un lado una ley
inaplicable aunque formalmente en funcionamiento, y por otro los jueces
seguirían al frente de los Registro sin tener jurídicamente competencia para
ello. ¿?
Desde el Ministerio de Justicia
garantizan que, aunque eso ocurra, los trámites que los ciudadanos realizan en
el registro a diario seguirán realizándose. Pero admiten que hay que evitar
llegar a esa situación de limbo jurídico (expresión que es un eufemismo para no
decir puta chapuza, que es lo que
todo el mundo entiende).
Para lograrlo, Justicia barajó varias posibilidades y finalmente la
solución encontrada, según fuentes del Ministerio, es incluir una enmienda
en alguna ley que se encuentre ahora en tramitación, para aplazar la entrada en
vigor el tiempo preciso de aprobar otra y poner en marcha el traspaso; es
decir, probablemente uno o dos años más.