En el día de hoy 10 de julio se celebra mesa sectorial para la negociación de los cambios en el Estatuto Jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia introducidos en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.Recordemos que durante los últimos dos meses se han venido celebrando reuniones de mesa de trabajo donde STAJ ha presentado alegaciones y propuestas en relación con el articulado del Anteproyecto que se hizo público a principios de abril. STAJ también ha presentado informe al Anteproyecto, en cumplimiento del trámite de audiencia que le ha sido conferido al efecto, de todo lo cual ya hemos informado en anteriores notas informativas.
El Ministerio nos ha remitido junto con la convocatoria un borrador con algunas modificaciones que pretende hacer al texto original del Anteproyecto. Ese borrador no recoge casi ninguna (por no decir ninguna) de las alegaciones y propuestas que ha realizado STAJ, y sigue constituyendo un serio ataque a los derechos de los funcionarios de Justicia, instaurando el recurso a la movilidad geográfica obligatoria como una forma ordinaria de cobertura de puestos de trabajo.Con el Anteproyecto, desaparecen los Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz, y paralelamente desaparecen prácticamente todos los centros de destino previstos en la Ley Orgánica actual, pues se considerará a partir de ahora centro de destino todas las Unidades Procesales de Apoyo Directo a Jueces y todos los Servicios comunes procesales (S.C. General, S.C. de Ordenación del Procedimiento, y S.C. de Ejecuciones) de una misma provincia, sin que se considere cambio de destino el cambio de un servicio común a otro.
Ello significará, en la práctica:
· Que podrán movernos de un servicio común a otro, y de una unidad procesal de apoyo directo a otra, de forma ordinaria sin ningún control, y ni siquiera tendrán que justificarlo por “las necesidades del servicio”. La reorganización de los servicios y unidades y la reubicación de los funcionarios dentro de ellos dependerá única y exclusivamente de la voluntad del Director o Jefe de turno.
· Que de forma ordinaria, sin ningún control y sin ningún tipo de contraprestación, se abre la posibilidad de mover a los funcionarios de una sede a otra, incluso con cambio de municipio, siempre dentro de la misma provincia.
· Que a medio plazo, buena parte de las sedes judiciales de Partidos Judiciales irán desapareciendo, desplazándose a las capitales de provincia, y los funcionarios destinados en ellas también.
· Que al desaparecer los Juzgados de Paz, se perderán miles de plazas de la plantilla orgánica, y sus funcionarios titulares (los interinos serán cesados), se adscribirán a los Servicios Comunes de forma forzosa, lo que supone además cambio de municipio al desaparecer el puesto de trabajo.
El Ministerio nos ha remitido junto con la convocatoria un borrador con algunas modificaciones que pretende hacer al texto original del Anteproyecto. Ese borrador no recoge casi ninguna (por no decir ninguna) de las alegaciones y propuestas que ha realizado STAJ, y sigue constituyendo un serio ataque a los derechos de los funcionarios de Justicia, instaurando el recurso a la movilidad geográfica obligatoria como una forma ordinaria de cobertura de puestos de trabajo.Con el Anteproyecto, desaparecen los Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz, y paralelamente desaparecen prácticamente todos los centros de destino previstos en la Ley Orgánica actual, pues se considerará a partir de ahora centro de destino todas las Unidades Procesales de Apoyo Directo a Jueces y todos los Servicios comunes procesales (S.C. General, S.C. de Ordenación del Procedimiento, y S.C. de Ejecuciones) de una misma provincia, sin que se considere cambio de destino el cambio de un servicio común a otro.
Ello significará, en la práctica:
· Que podrán movernos de un servicio común a otro, y de una unidad procesal de apoyo directo a otra, de forma ordinaria sin ningún control, y ni siquiera tendrán que justificarlo por “las necesidades del servicio”. La reorganización de los servicios y unidades y la reubicación de los funcionarios dentro de ellos dependerá única y exclusivamente de la voluntad del Director o Jefe de turno.
· Que de forma ordinaria, sin ningún control y sin ningún tipo de contraprestación, se abre la posibilidad de mover a los funcionarios de una sede a otra, incluso con cambio de municipio, siempre dentro de la misma provincia.
· Que a medio plazo, buena parte de las sedes judiciales de Partidos Judiciales irán desapareciendo, desplazándose a las capitales de provincia, y los funcionarios destinados en ellas también.
· Que al desaparecer los Juzgados de Paz, se perderán miles de plazas de la plantilla orgánica, y sus funcionarios titulares (los interinos serán cesados), se adscribirán a los Servicios Comunes de forma forzosa, lo que supone además cambio de municipio al desaparecer el puesto de trabajo.
Las consecuencias que traerá consigo la nueva ley son desastrosas para los funcionarios, nos obligarán a desplazarnos sin contraprestación alguna y perderemos todos los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. Muchos interinos perderán sus puestos de trabajo. Las relaciones de trabajo no servirán para nada pues podrán removernos del puesto sin más límite que la provincia y sin ningún control y por supuesto sin contraprestación.
El texto también supone un endurecimiento de la promoción interna, que a partir de ahora no queda en absoluto garantizada, rompiendo así el derecho a la promoción profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Se mantiene un durísimo régimen disciplinario, incumpliendo así el Ministerio nuevamente el acuerdo al que llegó con todas las organizaciones sindicales hace ya casi siete años.
El texto también supone un endurecimiento de la promoción interna, que a partir de ahora no queda en absoluto garantizada, rompiendo así el derecho a la promoción profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Se mantiene un durísimo régimen disciplinario, incumpliendo así el Ministerio nuevamente el acuerdo al que llegó con todas las organizaciones sindicales hace ya casi siete años.
Por todo ello STAJ rechaza el nuevo borrador que nos ha remitido el Ministerio, que no cambia casi nada respecto al anterior (no han admitido ninguna de las alegaciones propuestas por STAJ), y hemos presentado escrito de queja recordando al Ministerio todas las peticiones que hemos hecho y traiga a la Mesa sectorial un nuevo texto que respete los derechos del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Todas las propuestas de STAJ tratan de salvaguardar los derechos de los funcionarios y mejorar sus condiciones de trabajo, pero el Ministerio sigue haciendo oídos sordos, por lo que si en el transcurso de la mesa sectorial no hay ningún avance, nos veremos obligados a convocar movilizaciones ante lo que podría suponer el peor retroceso en los derechos y condiciones laborales de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que haya existido jamás.
