Según el Ministerio, la
decisión sobre la desjudicialización ya está tomada y estaba ya en la Ley de
2011 aprobada por el anterior Gobierno. Ahora queda negociar con los sindicatos
que la situación de los funcionarios de Justicia, sea la “mejor posible.”
STAJ reprocha la falta de
transparencia del Ministerio y aboga por la continuidad del Registro Civil en
la Administración de Justicia.
En la reunión informativa que
sobre Registro Civil se celebró el día 15 de julio en el Ministerio con STAJ
y el resto de sindicatos representativos del sector, el Subsecretario de Estado
de Justicia, Juan Bravo, explicó a las organizaciones sindicales los motivos
que han llevado al gobierno a encomendar la gestión y llevanza del Registro
Civil a los Registradores mercantiles, en lugar de a otros funcionarios (no de
Justicia) como estaba previsto en la Ley de 2011 y cuya entrada en vigor ha
sido prorrogada un año más (que se añade a los tres de “vacatio legis” que ya ha tenido). En síntesis, las explicaciones
del Ministerio son las siguientes:
Nuevo modelo de Registro
Civil en la Ley de 2011.-
El nuevo modelo de Registro Civil
diseñado en la Ley de 2011 se fundamenta en un Registro Civil de personas, y no
de actos como el actual. Para ello es necesaria una potente plataforma informática,
única para todo el territorio nacional, que debería haberse puesto en marcha en
los tres años de vacatio legis. Como
consecuencia de las dificultades económicas, esa plataforma no se ha creado
aún, y el Estado y las Comunidades Autónomas no están en condiciones, según el
Ministerio, de asumir su coste, y además continuar sufragando el coste del
servicio, por mucho que vaya a reducirse a partir de ahora gracias a ese nuevo
modelo de Registro Civil.
Gratuidad del Registro
Civil.-
Los Registros Mercantiles, que a
diferencia de los Registros de la Propiedad no han sufrido efectos negativos
por la crisis (se siguen realizando infinidad de actos inscribibles en aquél
Registro), sí están en condiciones de asumir el coste tanto de la implantación
de la plataforma tecnológica, (mediante la creación de una Corporación de Derecho
público que englobaría a todos los Registradores mercantiles), y de soportar
los gastos que conllevará la llevanza del Registro Civil. Y ello, en primer
lugar, porque según el Ministerio tienen margen suficiente para afrontar ese
coste sin necesidad de subir los aranceles actuales. De ahí que puedan asumir
también que el Registro Civil sea gratuito en todos sus actos, incluso el
posible incremento de personal que pudiera necesitarse para la nueva función
que se les encomienda. Dice el Ministerio que esta gratuidad está garantizada
expresamente en el texto modificado, mientras que el original de la Ley de 2011
no garantizaba esta gratuidad, pues nada se decía al respecto.
Garantía de protección
legalidad y protección de datos.-
El Ministerio insiste en que los
Registradores Mercantiles son funcionarios públicos, sometidos a la ley y a las
órdenes e instrucciones del Ministerio de Justicia y la Dirección General
de los Registros y del Notariado, de quien dependen jerárquicamente. La
garantía de legalidad y de protección de datos está asegurada según el
Ministerio, y ello aunque los trabajadores de los Registros mercantiles no sean
funcionarios, ya que están obligados como todo el mundo a cumplir la ley,
incluida, por supuesto, la Ley de Protección de Datos.
Habrá oficinas de
Registro Civil en todas las provincias.-
Frente a las previsiones
iniciales de la Ley de 2011, la actual ley permitirá que exista una oficina de
Registro Civil en todas las capitales de provincia, frente a una por Comunidad
Autónoma (y otra más por cada 500.000 habitantes), que es lo que preveía el
texto original de la Ley de 2011. En este sentido, dice, el texto se ha
mejorado para acercarse más a la ciudadanía.
Las Notarías y las
“Oficinas Judiciales de Paz” asumirán funciones auxiliares en materia de
Registro Civil.-
El nuevo Registro Civil será
fundamentalmente electrónico, por lo que apenas requerirá la presencia física
de los ciudadanos ante sus dependencias. Cuando no sea posible la solicitud o
iniciación de esos trámites por vía electrónica, los ciudadanos podrán acudir a
las oficinas del Registro Civil de las capitales de provincia, y en el resto de
ciudades y pueblos, podrán hacerlos ante las notarías. Allí donde no haya
notaría, esos trámites podrán solicitarse o iniciarse ante las Oficinas
Judiciales de Paz que sustituirán a los actuales Juzgados y Agrupaciones de
Paz.
El Ministerio garantiza,
para su ámbito, todos los puestos de trabajo sin excepción.-
El Ministerio insiste en que en
su ámbito de competencias no va a desaparecer ni un sólo puesto de trabajo. En
cuanto a los funcionarios de carrera, por que no puede ser de otra manera (y
esto vale incluso para los territorios transferidos), garantizando además que
la reordenación se hará a otros puestos de la misma localidad; y en cuanto a
los interinos, porque ese es su firme compromiso, y se arbitrarán los
mecanismos para que el número total de funcionarios, incluidos los interinos,
sea el mismo una vez se produzca el traspaso. El Ministerio considera que los
funcionarios de Justicia hacen mucha falta en las labores derivadas
estrictamente de la función jurisdiccional de la Administración de Justicia,
por eso todo el capital humano se empleará en esas labores. Respecto a las CCAA
con competencias, alguna también se ha comprometido a mantener todos los
puestos de trabajo.
Periodo transitorio y
negociación de la situación en que quedará el personal.-
La Disposición Transitoria
8ª de la Ley de 2011 debe ser modificada porque no tiene encaje con la
modificación realizada por el actual gobierno, por eso hay que negociar una
nueva.
En cuanto a las condiciones del
periodo transitorio (dos años durante los cuales convivirán el modelo actual de
Registro civil y el nuevo modelo, una vez se instaure la plataforma tecnológica),
y la situación en que quedará el personal tras el cierre de las oficinas
actuales, también van a negociarse con las organizaciones sindicales, bajo el Principio
de lograr que se haga con las mejores condiciones, con salvaguarda de todos los
derechos de los funcionarios.
