Tras la carta remitida el pasado Jueves, el Ministerio ha convocado de urgencia para el próximo miércoles 29 de marzo al Sindicato STAJ, y a los demás sindicatos, a una mesa de negociación sobre el Registro Civil.
STAJ exigirá el mantenimiento de la estructura actual del Registro Civil, como servicio público dentro de la Administración de Justicia, con todos sus puestos de trabajo enteramente servidos por funcionarios de justicia.
Como hemos venido informando estos días, tras la reunión celebrada el mes pasado por los responsables del Ministerio de Justicia con STAJ y resto de sindicatos representativos de Justicia a nivel nacional, y ante las peticiones de STAJ, se nos dio traslado de un borrador inaceptable como propuesta de la modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil. STAJ presentó sus alegaciones a esta propuesta, de las que ya os hemos informado en nota informativa de fecha 10 de marzo.
Recordemos que CON LA PROPUESTA DEL MINISTERIO, “solo queda garantizada una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y otra en cada una de las islas” que actualmente tienen registro civil. En el resto de Partidos judiciales dependerá de la decisión del Ministerio en su ámbito y de las CCAA con competencias en el suyo; esto “no garantiza su mantenimiento”, es más, la Ley de 2011 precisamente lo que hace es eliminar las oficinas de Registro Civil municipales y las delegadas de los Juzgados de Paz, diseño que confirma la reforma propuesta por el Ministerio, por lo que, salvo raras excepciones, desaparecerán, a medio plazo, todas las oficinas de Registro Civil actuales, quedando sólo unas cuantas (reconvertidas en “Oficinas Generales de Registro Civil”), según lo decida el Ministerio y las CCAA en sus respectivos ámbitos.
La propuesta ministerial lo único que garantiza es el mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, pero mantiene la desaparición de la estructura registral actual que ya estaba prevista en la Ley de 2011 (sobre la que, por cierto, sólo STAJ ha advertido de sus consecuencias y ha pedido insistentemente su derogación; ahora todos reconocen lo cierto de lo que decíamos ya en 2011). Por tanto, ni se garantizan las oficinas actuales, ni mucho menos los puestos de trabajo vinculados a Registro Civil. El riesgo para los Juzgados de Paz es aún mayor, pues eliminadas en su práctica totalidad sus funciones de Registro Civil (sólo estarán para recibir documentos, pero sin trámite alguno, y para celebrar bodas cuando así lo decidan los contrayentes), y vaciadas sus competencias en materia de juicios de faltas tras la despenalización de éstas, le quedan pocas funciones que desempeñar, más allá de la colaboración en los actos de comunicación y poco más.
Estamos por tanto ante un nuevo incumplimiento del Ministerio de Justicia y su equipo, que se había comprometido en reiteradas ocasiones en el mantenimiento de los Juzgados de Paz y los puestos de trabajo actuales dedicados a registro Civil. Todo esto, a medio plazo, se perderá si no actuamos.
