En Junta de Personal celebrada en el día de ayer, se aprobó por unanimidad, el siguiente escrito institucional relativo a los problemas que están surgiendo con la implantación de las nuevas tecnologías y la Justicia Digital.
"Los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan servicio en los Órganos judiciales de ámbito ministerio, por medio del presente comunicado, informamos al conjunto de la sociedad de los continuos problemas informáticos que se sufren en los Juzgados y Tribunales como consecuencia de la implantación del modelo de “Justicia digital”.
Por ello, los funcionarios queremos manifestar lo siguiente:
1. El Ministerio de Justicia está implantando en su ámbito de gestión el llamado modelo de “Justicia digital”, que significa la digitalización total del proceso judicial; expediente digital y “papel cero” en los Juzgados.
Este modelo nos parece correcto en su fondo, pues creemos, al igual que lo manifestado por el Sr. Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que el eje vertebrador de la tramitación judicial en el siglo XXI debe ser el expediente digital, pero se hace necesaria, oportuna y apremiante una reflexión sobre las formas con las que está operando el Ministerio para su implantación, ya que son manifiestamente erróneas y por tanto mejorables. La implantación de la Justicia digital se ha convertido en el paradigma del desastre en cuanto a las formas se refiere; cuando no falla el programa Minerva digital, falla el Portal de firma digital, o el sistema de comunicaciones Lexnet, o el visor de documentos, o todo el sistema en su conjunto, hasta el punto de tener que reiniciar el sistema varias veces al día, a lo que hay que sumar la exasperante lentitud tanto del sistema como de las aplicaciones, que hace que todo el trabajo se retrase considerablemente. Es raro el día que funcionan bien y sin lentitud todas las aplicaciones.
2. Los funcionarios, como consecuencia de esas formas erróneas y los consiguientes problemas, hemos llegado al hartazgo y límite de lo tolerable en el ejercicio de nuestras funciones, algo que en numerosas ocasiones está repercutiendo de forma negativa en los funcionarios, con cuadros de ansiedad, frustración, mal humor, síndrome de estar quemados (burnout), jubilaciones anticipadas, etc.
3. Es comprensible un periodo de dificultades por la implantación de nuevos modelos de tramitación, nuevos sistemas y aplicaciones informáticas, pero la situación se está prolongando en el tiempo y actualmente no se ve ninguna solución ni mejora; más bien al contrario, el problema se está acrecentado con la participación de nuevos operadores jurídicos en la tramitación digital, como son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Administraciones públicas, etc. A medida que la implantación del expediente digital avanza en nuevas ciudades, se reproducen los errores cometidos en la ciudades anteriores, dejando tras de sí un rastro de precariedad en las condiciones de trabajo y en la calidad del servicio de la Administración de Justicia.
4. El Ministerio, ante esta situación, está confiando todo a un ejercicio de voluntarismo y responsabilidad de los funcionarios para ocultar la caótica situación, y que se siga trabajando en cualquier condición. El Ministerio sabe, que aunque sea mal y lento, la tramitación del procedimiento sigue adelante, puesto que los funcionarios están aumentando sus esfuerzos para que la Administración de Justicia funcione, a pesar de la precariedad de los instrumentos de trabajo que la Administración pone a nuestra disposición. Insistir en que se debe al voluntarismo y responsabilidad del conjunto de los funcionarios, pero así no se puede trabajar. La situación actual no ha sido provocada, ni agravada por los funcionarios de Justicia, sino más bien al contrario, somos los primeros y más afectados, junto con el conjunto de los ciudadanos.
5. Esta situación caótica en la que se encuentra actualmente la Justicia, tiene su proyección en la sociedad, pues el conjunto de los ciudadanos también son víctimas de caos existente, ya que se ve comprometido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. El estándar de calidad en la prestación del servicio público ha disminuido considerablemente, viéndose afectados de forma negativa el servido de guardia, las notificaciones a las partes del procedimiento en todos los Órdenes Jurisdiccionales, la toma de declaración a los intervinientes en el procedimiento, el traslado de las documentales a las partes, firma de Resoluciones judiciales, etc. Todo ello hace que la tramitación del procedimiento se ralentice y que los tiempos de respuesta de la Justicia de alarguen, algo que incrementa la opinión negativa del conjunto de los ciudadanos hacia la Justicia.
6. El Ministerio tiene un calendario de implantación del expediente digital y lo está cumpliendo escrupulosamente, a la par que mantiene un discurso triunfalista por el cumplimiento de ese calendario. Parece que la implantación del expediente es el fin en sí mismo, sin que parezca importarle la precariedad en el trabajo que se sufre en los Juzgados, ni la disminución de la calidad del servicio. El discurso triunfalista del Ministerio no se corresponde con la realidad que se sufre en los Juzgados, ni con la calidad de la Administración de Justicia, que ha disminuido considerablemente.
7. En la Administración de Justicia, con la implantación del expediente digital, no se está inventando nada nuevo. Otras Administraciones, como son la Administración Tributaria o la Administración de la Seguridad Social ya disponen de tramitación digital y son un ejemplo de eficacia y de eficiencia. La diferencia es que esas Administraciones son recaudadoras, mientras que la Administración de Justicia es una Administración gastadora, y no parece que a los distintos Ejecutivos que se han sucedido en el tiempo les interese destinar recursos a la Administración de Justicia. A los hechos nos remitimos.
8. En el Ministerio existe una Comisión de seguimiento de nuevas tecnologías donde, desde hace meses, se escuchan las quejas, necesidades y sugerencias que por parte de los funcionarios damos traslado al Ministerio. Esa Comisión de seguimiento está siendo devaluada por el Ministerio, siendo el único foro donde se escucha la voz de los funcionarios, por lo que si se devalúa la Comisión, también se está devaluando la opinión y sugerencias de los funcionarios. Por otra parte, se trata de una Comisión en la que no está presente ningún responsable político del Ministerio; se trata de una Comisión supeditada de la Mesa General de Justicia, sin capacidad para tomar ninguna decisión ejecutiva y con falta de presupuesto económico.
9. Las movilizaciones y protestas que el colectivo de funcionarios de Justicia iniciamos, y que pretendemos sostener en el tiempo si la situación actual se mantiene, no tienen una motivación política, ni salarial. Se trata, por una parte, de un problema laboral entre el Ministerio, como empleador, y los funcionarios como empleados; por otra parte, de denuncia ante la sociedad de la situación caótica en que el Ministerio ha situado a la Justicia y que como se ha señalado anteriormente, ha disminuido la calidad del servicio de la Administración de Justicia, disminución de calidad que también sufren los ciudadanos.
10. El Ministerio nos aboca a una situación de conflicto colectivo y movilizaciones como instrumentos validos de presión en la mejora y solución del problema.
Por todo lo expuesto se proponen las siguientes medidas:
1. Redactar el presente comunicado institucional para su traslado y aprobación por la totalidad de las Juntas de Personal de las provincias afectadas por el problema. Posteriormente dar traslado del presente al Sr. Ministro de Justicia, a la Comisión Permanente de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a los medios de comunicación de ámbito nacional para que transmitan a la sociedad española el problema existente.
2. Iniciar movilizaciones en los centros de trabajo, y de forma concertada, en las provincias afectadas realizando concentraciones de protesta.
3. Solicitar al Sr. Ministro de Justicia el cese inmediato del Secretario General de la Administración de Justicia, D. Antonio Dorado Picón, como responsable de la nefasta planificación estratégica, dirección y ejecución de la modernización tecnológica de los Juzgados y Tribunales, tareas estas que son de su competencia y que no se están llevando a cabo ni con eficacia ni con eficiencia.
4. Exigir que se ponga en valor la Comisión de seguimiento de nuevas tecnologías, único foro donde se pone de manifiesto la voz de los funcionarios, siendo necesario que a la Comisión acudan de forma permanente responsables políticos, y que la opinión, quejas y sugerencias de los funcionarios se tengan en cuenta a la hora de aplicar las soluciones.
5. Que se dote de mayor presupuesto económico el plan para la “digitalización de la Justicia”. Insistimos en la necesidad de implantar la Justicia digital de un modo más realista, invirtiendo dinero. Es una cuestión de voluntad política; no puede ser que el proyecto de digitalización se vea abocado a la ineficiencia e ineficiencia, además de a la precariedad en las condiciones de trabajo y en calidad del servicio, por falta de presupuesto y de voluntad política. Hay una responsabilidad política y debe ser asumida incrementando el presupuesto.
6. Solicitar del Ministerio una negociación y actualización de las funciones, protocolos de actuación con otros operadores jurídicos, y retribuciones de los funcionarios de Justicia, acordes con los cambios que se están produciendo en la Administración de Justicia."
Señalar que los funcionarios de Justicia de otras provincias también se están movilizando, y en sus respectivas Juntas de Personal han aprobado la misma declaración que aquí se aprobó ayer. Han empezado a realizar concentraciones en los centros de trabajo igual que la que se hizo en Palma el pasado 16 de febrero.
En relación con los problemas la implantación del expediente digital, el día 14 de esta misma semana se ha celebrado una reunión en el Ministerio de la que ya informamos el miércoles 15.
Entre las medidas más importantes que el Ministerio se comprometió a implementar citamos:
- Se va a modificar la manera en la que se aplican los cambios a MINERVA y Lexnet. En vez de realizar actualizaciones constantes, se realizarán más espaciadas en el tiempo pero más grandes.
- Aumento de la capacidad del Lexnet de los actuales 10 megas a 15 megas.
- El Ministerio realizará inversiones en servidores y demás equipamiento de red que deberá mejorar la velocidad de acceso de los usuarios.
- Revisión de la forma de análisis de las incidencias del CAU
- Actualización o sustitución de PC antiguos
- Mejora de las infraestructuras de comunicaciones.
- Plan de formación
- Se implanta definitivamente la firma electrónica con pseudónimo, que dará solución a la publicidad de datos del personal funcionario.
