El Grupo Popular en el Senado ha presentado una enmienda a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, en virtud de la cual, de aprobarse, se prorrogaría nuevamente la vacatio legis de la polémica Ley 20/2011, del Registro Civil, de forma que ésta entrará en vigor el 30 de junio de 2019.
El registro de esta enmienda se produce dos meses después de que el Ministro de Justicia anunciara personalmente a los sindicatos integrantes de la mesa sectorial de Justicia nacional a mediados de marzo que estaba en conversaciones con diversos grupos parlamentarios con objeto de introducir una nueva prórroga a la entrada en vigor de la ley, dado que los intentos de modificación de la misma no habían obtenido el suficiente consenso entre los diversos colectivos. Según se recoge en la “justificación” de la enmienda, el Ministerio “decidió replantear la reforma del Registro Civil con el objetivo de alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios, tanto de los ciudadanos, como de los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos”, y “reafirma la voluntad de mejorar la gestión del Registro Civil para conseguir un servicio público de calidad, gratuito y cercano a los ciudadanos.”
Ese consenso es evidente que aún no se ha logrado. STAJ no acepta una modificación que no contemple el mantenimiento de la estructura y demarcación actuales del Registro Civil, integrado en la Administración de Justicia, enteramente servido por funcionarios de Justicia, al menos en todos los municipios donde existan actualmente oficinas de Registro Civil servidas por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Tampoco aceptamos que, poco a poco, se vacie de competencias registrales a las oficinas, especialmente a los Juzgados de Paz, mediante la semiprivatización de algunos trámites, como el expediente previo al matrimonio civil y religioso no católico, que podrá ser tramitado ante Notario, o los expedientes de nacionalidad, que únicamente podrán iniciarse de forma telemática, obligando en muchos casos a que los interesados tengan que acudir a servicios de gestoría privados para poder realizar el trámite.
Desde STAJ continuamos con las acciones encaminadas a lograr el objetivo de mantenimiento del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia con su estructura y personal actual. Así, en unión con el resto de sindicatos de ámbito nacional, estamos manteniendo reuniones con diversas instituciones y Grupos Parlamentarios.
