- La negativa de los Grupos Parlamentarios a tramitar la proposición de Ley de Reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, presentada por el Partido Popular en el Congreso, ha generado una situación de absoluta incertidumbre para los casi 5.000 funcionarios de Justicia que actualmente ocupan puestos de trabajo con funciones de Registro Civil.
Desde STAJ seguimos sin comprender por qué los Grupos Políticos se han negado a debatir la proposición, sin siquiera aportar una sola enmienda al texto inicial presentado por el Gobierno a través del Partido Popular; texto que, aunque manifiestamente mejorable, rectificaba las peligrosas previsiones de la Ley del 2011 que, conviene recordarlo, prevé la creación de unas pocas nuevas Oficinas de Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, pero cerrando todos los Registros Civiles actuales eliminando miles de puestos de trabajo en los Juzgados encargados de su llevanza.
Ese texto que, como decimos, era manifiestamente mejorable, podría haberse enriquecido con las aportaciones del resto de Grupos mediante la presentación de enmiendas, pero nuestros representantes políticos han renunciado a ello impidiendo la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley.
Lamentamos que las disputas y estrategias políticas de cara a futuros procesos electorales hayan provocado una situación de bloqueo intolerable y por eso STAJ, en unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales representativas de Justicia, exigirá al Ministerio y Partidos Políticos que busquen una solución pactada que además de modernizar el Registro Civil, lo mantenga como servicio público gratuito y cercano a la ciudadanía, integrado en la Administración de Justicia, manteniendo su demarcación y estructura actuales y los Juzgados de Paz y, por tanto, con todo el personal que actualmente ostenta funciones registrales.
Desde STAJ, y junto con los otros sindicatos, también recabaremos nuevamente el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues entendemos precisa su implicación dado que los municipios, especialmente los de menos población -que son mayoría-, se verán seriamente afectados por la Ley del 2011, si no se rectifica.
