La plataforma sindical, que agrupa a los sindicatos staj, csif, ccoo y ugt, más representativos en ámbito Ministerio, ha presentado en el Ministerio de Justicia la totalidad de las firmas recogidas en ámbito Ministerio para forzar el comienzo de una negociación específica sobre nuestras condiciones laborales, pero especialmente sobre retribuciones, exigiendo un incremento del complemento específico de tal manera que se equipare al percibido por nuestros compañeros de las Comunidades Autónomas transferidas.
Desde el Ministerio se niegan a negociar el complemento específico para Justicia y se remiten exclusivamente a la Mesa General de Función Pública, no queriendo entender que tenemos una Mesa de negociación propia, la Mesa Sectorial de Justicia, y es en ella donde se puede, y se debe, fijar ese complemento específico tal como señala el artículo 519.3 LOPJ.
Recordamos que en Ámbito Ministerio sufrimos una discriminación salarial con respecto a los compañeros que prestan servicios en ámbitos transferidos.
A pesar de que somos Cuerpos Nacionales, sujetos a la misma Ley sustantiva (LOPJ), integrados en el mismo escalafón, con las mismas funciones y responsabilidades, y siendo de la misma promoción de acceso a la Administración de Justicia; a pesar de todos esos elementos en común que vertebran a los Cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia, existe una discriminación salarial que en algunos casos asciende a más de 500 euros mensuales, discriminación que es inaceptable.
Esta discriminación siempre ha existido. En el año 2008 mantuvimos una huelga indefinida hasta conseguir un incremento de 200 euros, y aún así no conseguimos eliminar la desigualdad, y el hecho cierto es que la discriminación se ha incrementado con el paso del tiempo. Esto es debido a que mientras las CCAA transferidas han ido negociando e incrementando el complemento específico (en cada ámbito lo llaman de una manera), el Ministerio, para su propio ámbito, ha vaciado de contenido la Mesa sectorial de Justicia y ha decidido no negociar la cuantía de este complemento, y por tanto no incrementarlo, lo que ha derivado en una mayor discriminación.
Existe una deuda histórica del Ministerio con los funcionarios de Justicia de su ámbito de gestión y esa deuda histórica debe ser saldada; lo contrario sería mantener la discriminación y dejar a miles de funcionarios y sus familias en las peores condiciones retributivas de toda España.
A esta discriminación salarial hay que sumar el absoluto desinterés que muestra el Ministerio por las lamentables condiciones de trabajo que soportamos como consecuencia de la implantación de la Nueva Oficina Judicial (allí donde se ha implantado) y sobre todo con la implantación de la Justicia y el expediente digital, sin que el Ministerio parezca que tenga intención de reconocer las nuevas funciones que realizamos y responsabilidades que hemos asumido. Estas condiciones de trabajo y las nuevas funciones y responsabilidades también deben ser reconocidas con el incremento de nuestro complemento específico.
Por otra parte, no se puede obviar que el Ministerio del Interior ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de Policía y Asociaciones de la Guardia Civil para la equiparación salarial de esos Cuerpos con las policías Autonómicas, con una cuantía económica muy superior a la que supondría la equiparación de los funcionarios de Justicia de ámbito Ministerio con los compañeros transferidos, por lo que los funcionarios de Justicia también estamos en nuestro derecho de que el Ministerio de Justicia atienda a nuestras pretensiones y se llegue a un acuerdo salarial similar, pero que supondría un menor coste económico.
Lo que pedimos es de Justicia.
Desde el Ministerio se niegan a negociar el complemento específico para Justicia y se remiten exclusivamente a la Mesa General de Función Pública, no queriendo entender que tenemos una Mesa de negociación propia, la Mesa Sectorial de Justicia, y es en ella donde se puede, y se debe, fijar ese complemento específico tal como señala el artículo 519.3 LOPJ.
Recordamos que en Ámbito Ministerio sufrimos una discriminación salarial con respecto a los compañeros que prestan servicios en ámbitos transferidos.
A pesar de que somos Cuerpos Nacionales, sujetos a la misma Ley sustantiva (LOPJ), integrados en el mismo escalafón, con las mismas funciones y responsabilidades, y siendo de la misma promoción de acceso a la Administración de Justicia; a pesar de todos esos elementos en común que vertebran a los Cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia, existe una discriminación salarial que en algunos casos asciende a más de 500 euros mensuales, discriminación que es inaceptable.
Esta discriminación siempre ha existido. En el año 2008 mantuvimos una huelga indefinida hasta conseguir un incremento de 200 euros, y aún así no conseguimos eliminar la desigualdad, y el hecho cierto es que la discriminación se ha incrementado con el paso del tiempo. Esto es debido a que mientras las CCAA transferidas han ido negociando e incrementando el complemento específico (en cada ámbito lo llaman de una manera), el Ministerio, para su propio ámbito, ha vaciado de contenido la Mesa sectorial de Justicia y ha decidido no negociar la cuantía de este complemento, y por tanto no incrementarlo, lo que ha derivado en una mayor discriminación.
Existe una deuda histórica del Ministerio con los funcionarios de Justicia de su ámbito de gestión y esa deuda histórica debe ser saldada; lo contrario sería mantener la discriminación y dejar a miles de funcionarios y sus familias en las peores condiciones retributivas de toda España.
A esta discriminación salarial hay que sumar el absoluto desinterés que muestra el Ministerio por las lamentables condiciones de trabajo que soportamos como consecuencia de la implantación de la Nueva Oficina Judicial (allí donde se ha implantado) y sobre todo con la implantación de la Justicia y el expediente digital, sin que el Ministerio parezca que tenga intención de reconocer las nuevas funciones que realizamos y responsabilidades que hemos asumido. Estas condiciones de trabajo y las nuevas funciones y responsabilidades también deben ser reconocidas con el incremento de nuestro complemento específico.
Por otra parte, no se puede obviar que el Ministerio del Interior ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de Policía y Asociaciones de la Guardia Civil para la equiparación salarial de esos Cuerpos con las policías Autonómicas, con una cuantía económica muy superior a la que supondría la equiparación de los funcionarios de Justicia de ámbito Ministerio con los compañeros transferidos, por lo que los funcionarios de Justicia también estamos en nuestro derecho de que el Ministerio de Justicia atienda a nuestras pretensiones y se llegue a un acuerdo salarial similar, pero que supondría un menor coste económico.
Lo que pedimos es de Justicia.
