El Grupo parlamentario de
Unidos-Podemos se descuelga ahora diciendo que agotó el cupo de
Proposiciones de Ley que puede presentar en el actual periodo de
sesiones que finaliza en junio, por lo que no puede activar la referida
al Registro civil y que había sido registrada en el Congreso de los
Diputados en el mes de octubre de 2017.
El Registro civil, como
servicio público esencial, exige “altura de miras” y debe estar por
encima de la lucha cortoplacista de la política. El Ministro de
Justicia se ha comprometido en varias ocasiones con las organizaciones
sindicales con un modelo de Registro civil público, gratuito,
electrónico, único, desjudicializado, gestionado por funcionarios de los
Cuerpos de la Administración de Justicia y manteniendo la estructura
territorial actual para hacerlo próximo al ciudadano, teniendo en cuenta
que más de 16 millones de españoles residen en el ámbito rural.
Esta propuesta contaba con el apoyo
de todas las organizaciones sindicales desde hace más de un año y medio,
pero el Ministerio de Justicia decidió posponer la presentación de la
proposición de ley y lo hizo en el peor momento político al no contar
con el apoyo del resto de grupos parlamentarios.
El PSOE, manifestó en varias
ocasiones su apoyo a esta propuesta, dado el consenso alcanzado con los
representantes de los funcionarios, pero luego voto, en contra, sin dar
ninguna otra razón que el tacticismo político. Otro tanto puede decirse
de Ciudadanos que después de asegurar que no había problema para apoyar
la proposición de ley del Partido Popular acabó absteniéndose sin dar
razón de ese cambio en el voto.
Para terminar el cuadro nos
encontramos con Podemos que, según dicen, defienden los servicios
públicos y por ese motivo presentaron su propia proposición de ley para
luego argumentar que carece de cupo para que se tramite para la toma en
consideración en el Congreso a pesar de la amenaza que se cierne sobre
uno de esos servicios públicos, el Registro civil. En este caso su
responsabilidad consiste en que se negaron a votar a favor de la
tramitación de la proposición de ley, renunciando a defender su propia
propuesta en ese procedimiento y, luego, no han sido capaces de
presentar esa proposición de ley cuando han tenido más de tres meses
para hacerlo.
Ante este panorama CSIF, STAJ, CCOO y UGT exigimos:
- La inmediata presentación de una nueva prórroga de la “vacatio legis” por un plazo mínimo de dos años de la Ley 20/2011 y que sea aprobada por los cuatro grupos parlamentarios sin utilizar la misma como arma arrojadiza.
- Que esa “vacatio legis” incluya la garantía de lo comprometido por el Ministro de Justicia, que fue avalada por PSOE y Ciudadanos en las reuniones mantenidas con los cuatro sindicatos y que, además, está incluido en la proposición de Ley de Podemos. Registro civil público, gratuito, único, electrónico, desjudicializado, gestionado por los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia (Letrados, Gestión, Tramitación y Auxilio) y que mantenga la actual demarcación territorial y estructura, incluidos los Juzgados de Paz.
- Que se convoque de forma inmediata la mesa de negociación para hablar e intentar buscar un acuerdo sobre el modelo de Registro civil del futuro sin líneas rojas. Que fue parte del compromiso en el año 2015 cuando desterró la propuesta de los Registradores y anunció una negociación “desde cero”.
