El lugar elegido fue el TSJ de Baleares, donde se celebró la reunión entre el Secretario de Estado de Justicia y la Directora General para el Servicio Público de Justicia con los representantes sindicales de los funcionarios de Justicia en las Islas Baleares.
La pretensión de los representantes del Ministerio fue vender el “Plan Justicia 2030”, que a grandes rasgos se trata de continuar con la digitalización y modernización de la Administración de Justicia (expediente digital, Nueva Oficina Judicial y Fiscal, etc), puesta en marcha de los Tribunales de Instancia (un único Tribunal colegiado de cada Orden Jurisdiccional por cada Partido Judicial), cuestión recurrente que se arrastra desde el año 2011, y potenciar las soluciones extrajudiciales de solución de conflictos.
También se nos adelantó la intención del Ministerio de crear de 2 nuevos Juzgados en Palma de Mallorca: un nuevo Juzgado de lo Mercantil (el número 4), y un nuevo Juzgado de lo Social (el número 6). No se dijo fechas de creación ni de entrada en funcionamiento.
STAJ se interesó por la creación de un nuevo Juzgado de VIO en Palma de Mallorca, y la respuesta del Ministerio es que no tiene intención de crear ninguno.
Por parte de STAJ también se trasladó a los representantes de Ministerio la conveniencia de visitar el edificio judicial de Ciudadela, para que conozcan en primera persona el pésimo estado del mismo. El cambio de sede de los Juzgados de Ciudadela es algo que está pendiente desde hace años, algo de lo que el Ministerio es sabedor. En la reunión de ayer se limitaron a tomar nota y dar la callada por respuesta.
También se nos informó que en los próximos días se constituirá Mesa de “negociación” (1) sobre el teletrabajo, para trasladar y adaptar a la Administración de Justicia la regulación del teletrabajo que de una forma genérica ya se contempla en el artículo 47.bis del EBEP, en vigor desde el pasado 1 de octubre, y que debe ser desarrollado mediante normas de rango inferior. Esa Mesa de negociación en la Administración de Justicia es precisamente para desarrollar ese artículo e introducirlo en nuestro propio régimen jurídico.
(1) Nótese las comillas, porque normalmente es un mero trámite para imponer lo que les interesa y dar por negociado el asunto.Volviendo al tema principal de la reunión; como se ha dicho la pretensión del Secretario de Estado y de la Directora General fue la de vender ese Plan Justicia 2030 y solicitar la colaboración de los funcionarios para el desarrollo del mismo. En ese papel de “vendedores” se les vio muy cómodos a los representantes del Ministerio, pero la cosa cambió cuando por parte de STAJ se entró en el terreno de las retribuciones (único sindicato que se interesó por la cuestión), en ese momento ya no se les vio tan cómodos.
STAJ hizo referencia al artículo 519.3 LOPJ, el relativo a la Carrera profesional en Justicia, un complemento salarial que viene recogido en la LOPJ desde el 28 de diciembre del 2018, y que está por desarrollar. Es un mandato legal y a pesar de ello el Ministerio no ha desarrollado la Carrera Profesional. El resumen de la respuesta evasiva (más de 3 minutos de reloj dando una respuesta evasiva del todo inadmisible) que dio el Secretario de Estado es que la carrera profesional en Justicia, a fecha de hoy, ni está ni se la espera.
Por parte de STAJ también se hizo referencia a una Proposición no de Ley presentada en el Congreso de los Diputados el 30 de octubre del 2018, para instar al Gobierno a la actualización de las indemnizaciones por residencia en las Islas Baleares, y que en los Presupuesto Generales del Estado del año 2019 (ya vamos con retraso) se introduzca la partida presupuestaria para tal fin. Obviamente esto no fue así, entre otras cosas porque ni siquiera hubo PPGG del Estado en el año 2019, ni en el presente año 2020, y ya veremos si los hay para el año 2021. STAJ se interesó por si en los PPGG del Estado del año 2021 se contempla esa partida presupuestaria, dando cumplimento a esa Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Una vez más la respuesta del Secretario de Estado fue evasiva y negativa; no parece que el Ministerio de Justicia tenga intención de revisar e incrementar el complemento de insularidad, lo que supone un agravio con respecto a Ceuta, Melilla e Islas Canarias, donde el complemento de insularidad es muy superior. Esto redunda de forma negativa en un déficit de funcionarios, no sólo en Justicia, sino en todos los servicios públicos; la derivada es una peor calidad de los mismos, porque entre otras cosas no se crea el arraigo necesario para que haya plantillas estables y completas, pero parece que les da igual y que eso no entra dentro de su “Plan Justicia 2030”.
Por supuesto STAJ también hizo referencia al complemento de ámbito Ministerio, un agravio que venimos sufriendo desde hace muchos años los funcionarios destinados en ámbito Ministerio con respecto a los compañeros destinados en ámbitos transferidos, agravio económico que, de media, se puede cuantificar en unos 400 euros mensuales menos, y que con respecto a algunos ámbitos y Cuerpos alcanza los 600 euros. Esta es una reivindicación histórica del Sindicato STAJ; el propio Ministerio es consciente que existe ese agravio y que nuestra reivindicación es de Justicia, y mucho más cuando los funcionarios de ámbito Ministerio hemos sido pioneros en muchos aspectos de la NOJ, expediente digital, etc; reivindicación a la que de momento el Ministerio no atiende. La respuesta del Secretario de Estado fue la misma que en las peticiones anteriores, esto es, evasiva y negativa.
A nadie se le escapa la grave situación económica por la que atraviesa España en estos momentos y que el futuro, al menos a corto plazo, es como mínimo sombrío en ese aspecto. O sea,… que no hay dinero; en esencia ese fue el argumento del Secretario de Estado para la evasión y negativa a las reivindicaciones de STAJ.
Desde STAJ somos conscientes de que esto es así, pero también somos conocedores, porque leemos los BOE´s, que durante esta crisis económica se han publicado distintos Reales Decretos (hasta 6 Reales Decretos, más los que se nos hayan pasado por alto), creando “ex novo” varias Direcciones y Subdirecciones Generales, es decir, allí donde antes no existían, ahora sí que existen, y eso es un gasto adicional; que parece que hay dinero para lo que se quiere, y no hay dinero para lo que no se quiere.
También somos conocedores de que hay pendientes de recibir unos 140.000 millones de euros procedentes de ayudas de la U.E. La respuesta del Secretario de Estado se torna, como poco, en una respuesta falaz.
Volviendo al Plan Justicia 2030, el concepto es conseguir una Justicia de futuro que, entre otras cosas, sea elemento dinamizador de la economía, resolviendo problemas de forma eficaz, efectiva y rápida (ojalá se consiga)
Al igual que el propio Ministerio de Justicia, los funcionarios de Justicia también somos conocedores de que la Justica es un elemento dinamizador de la economía nacional: la Justicia resuelve problemas (tal vez alguien pueda cuestionar esta afirmación), ayuda a crear un marco jurídico estable, evita la inseguridad jurídica y contribuye a crear un marco más propicio para el desarrollo económico. En otras palabras, impone el Estado de Derecho y evita que el Ordenamiento jurídico responda a la ley del más fuerte o del más corrupto y que se haga con las riendas de la sociedad. Los funcionarios de Justicia formamos parte de este sistema y la Administración de Justicia, como nuestra empleadora, debe reconocer ese valor y la labor que hacen los Cuerpos de la Administración de Justicia en ese propósito, algo que a la vista de las respuestas evasivas y negativas del Secretario de Estado no parece que vaya a ocurrir. Debemos ser conscientes de que por la buenas no perece que se vaya a conseguir nada,… y luego querrán colaboración para su Plan, el que han venido a vender.
