INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA: # INSULARIDAD DIGNA.

Como sabéis hemos iniciado las movilizaciones para reclamar la revisión del complemento de insularidad en las Islas Baleares, complemento que está sin actualizar desde el año 2006. El sindicato STAJ forma parte de la Unidad de acción sindical, que engloba a 18 sindicatos y asociaciones profesionales, para reclamar esa #INSULARIDAD DIGNA.

La indemnización por residencia que el Estado pagó en el año 2019 a todo su personal en llles Balears se cifra en la cantidad de 8.481.272,06 euros, según contestación remitida por el Gobierno el 15 de junio del 2020. Actualmente, con las subidas salariales del año 2020, 2021 y 2022, podemos estar en torno a los 8.900.000 euros.

Recordamos que el personal dependiente del Estado engloba a los funcionarios de la Administración de Justicia, Agencia Tributaria, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias, Administración General del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. En torno a unos 9000 funcionarios/as.

En este contexto de movilizaciones y reivindicación, ya ha habido concentraciones en distintos edificios; Prisión de Palma, Extranjería, y la próxima concentración será, el día 10 de marzo, en el edificio del SEPE de la Calle Mateo Enrique Lladó.

Simultáneamente, y en el plano político, #INSULARID DIGNA nos hemos reunido con distintos responsables políticos para trasladarles la reivindicación. Como consecuencia de estas reuniones, a finales del pasado mes de enero se presentó una Proposición No de Ley (PNL), en el Congreso de los Diputados. (La PNL está en las páginas 18 (final), 19 y 20 (principio).

Como argumento jurídico en la citada PNL, se hace referencia al artículo 138.1 de la Constitución, que establecer que:

«El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular»

 Como argumentos fácticos, la realidad que se impone:

“ Los costes de insularidad que sufren los ciudadanos de las llles Baleares son muy superiores a los que a fecha de hoy reconoce el estado ya que no sólo se produce en las llles Balears una mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios derivado de los efectos de los mayores costes de la insularidad sino que también en los últimos años se ha producido un encarecimiento muy agudo de los precios del mercado inmobiliario.

“Todo lo anterior hace que la provisión de las plazas de empleados del sector público estatal en las llles Balears se vea dificultada por los costes crecientes derivados de la insularidad. Teniendo en cuenta estas y otras especiales circunstancias es necesario favorecer la permanencia de los empleados públicos en los territorios en los que, como sucede en las llles Balears, se detecta una mayor dificultad para la cobertura de vacantes, de tal forma que con la actualización de estas cuantías se consiga mantener un mayor grado de ocupación de los puestos de trabajo además de compensar mejor la distancia de dichos territorios y en especial de las islas menores del archipiélago.”

“Han transcurrido más de doce años desde el anterior estudio y actualización de la indemnización por residencia de los empleados del sector público estatal en activo en las llles Balears razón por la cual las cuantías de la indemnización han quedado totalmente desfasadas motivo que se añade para proceder a un nuevo estudio de actualización que adecúe las cuantías de dicha indemnización a la realidad.”

En base a esos argumentos, en la PNL se insta a:

“Revisar en el año 2022 las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad autónoma de las Illes Balears, procediendo a la modificación de las cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual mediante la dotación presupuestaria correspondiente que como mínimo deberá ser de 18 millones de euros adicionales para el ejercicio 2022 a los ya contemplados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Procediéndose a la actualización posterior de acuerdo con lo que cada año establezcan los Presupuestos Generales del Estado.”

Una vez que se presenta la PNL hay que debatirla en el Congreso, con la posibilidad de que algún otro Grupo Parlamentario presente enmiendas a la misma, y finalmente será sometida a votación.

Llegados a este punto, en el supuesto de que la PNL sea rechazada (hasta este año 2022 se han presentado otras 3 PNL previamente (2018, 2020 y 2021) y todas han corrido la misma suerte, esto es, han sido rechazadas), en ese momento finaliza el recorrido de la misma en el Congreso de los Diputados, sin perjuicio de que se pueda volver a presentar otra en un futuro y de que #INSULARIDAD DIGNA sigamos hasta que se consiga.

En el supuesto de que la actual PNL corra mejor suerte y sea aprobada, hay que saber que no tiene fuerza legislativa, no es un mandato jurídico, puesto que como su nombre indica, es una Proposición NO de Ley.

Es una mera declaración del Congreso; la Cámara expresa su posición sobre una determinada cuestión o insta al Gobierno a realizar alguna actuación. Su aprobación carece de efectos jurídicos vinculantes para su destinatario, el Gobierno, pero sí que tienen una evidente fuerza moral, sí que constituye un mandato ético y de carácter socio-político, por emanar de la Sede de la soberanía nacional y de uno de los 3 Poderes del Estado. Existe una cierta presión al Gobierno.

A partir de ese momento habrá que estar a que el Gobierno tenga la voluntad de cumplir con lo que le ha instado el Congreso e iniciar una iniciativa legislativa; transformar la PNL en algún instrumento legislativo, que sí que tenga fuerza legal, como puede ser un Real Decreto Ley o un Proyecto de Ley.  

No hay que olvidar que el año 2023, o principios del 2024, es año electoral, y que el colectivo de funcionarios, con sus respectivas familias, somos muchos miles de votos.