El tiempo corre hacia el comienzo de la huelga de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, el próximo día 17 de abril de 2023, y seguimos sin movimientos ni propuestas por parte del equipo ministerial.
La Ministra de Justicia está escondida y no es capaz de dar la cara y coger el toro por los cuernos; parece no preocuparle la repercusión de una nueva huelga contra su departamento ministerial y el impacto en un servicio público fundamental como es la tutela judicial efectiva.
Claramente algo está haciendo muy mal pues la culpa de esta convocatoria de huelga es de su equipo ministerial que han hecho una nefasta gestión de otros conflictos, y la responsable política última es ella: está llevando a un colapso irreversible a la Administración de Justicia.
Para más inri su ministerio ha aprobado una resolución de servicios mínimos para su ámbito competencial injusta y privativa de derechos a modo de venganza por la convocatoria de la huelga.
La resolución aprobada por el Ministerio ha sido tan decepcionante como nos temíamos. No se ha tenido en cuenta que salvo el día 19, la huelga convocada se desarrollará con paros parciales de 10 de la mañana a 13 horas y pese a ello el Ministerio ha decidido lanzar toda su artillería con unos servicios mínimos que no se ajustan a la realidad de los Juzgados y Oficinas Judiciales.
El Ministerio de Justicia ha llegado al paroxismo imponiendo en algunas oficinas judiciales la totalidad de la plantilla como servicios mínimos impidiendo a quien está allí destinado el ejercicio del derecho constitucional de huelga.
El Ministerio impone que toda la actividad de las oficinas y juzgados sea servicio esencial, desde la apertura de los mismos a la tramitación de cualquier diligencia sujeta a plazo (como si alguna no lo estuviera) la presentación de escrito o incluso la solicitud de información.
Rechazamos la suspensión de los días de vacaciones y asuntos particulares durante la huelga así como del teletrabajo. Éstas medidas suenan más a represalia que a otra cosa, pues no pueden restringirse los derechos del personal con el único de fin de dificultar el derecho de huelga.
Esta resolución de servicios mínimos es para el comité de huelga un ataque injustificado a los derechos laborales del personal no transferido de la Administración de Justicia y nuestras asesorías jurídicas ya están preparando los recursos y solicitudes de suspensión cautelar para evitar este nuevo atropello.
