Buscar este blog

Archivo del blog

HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: EL COMITÉ DE HUELGA SOLICITA UNA MEDIACIÓN EN EL CONFLICTO.


El comité de huelga de la Administración de Justicia sigue sin recibir convocatoria alguna del Ministerio de Justicia tras dos meses de movilizaciones y más de un mes de huelga indefinida; casi dos millones de juicios suspendidos y aplazados; y cerca de 20 millones de actuaciones judiciales paralizadas. 

Desde el Comité de huelga se denuncia el abandono a los que el Gobierno está sometiendo a 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia, manteniéndose en su negativa a negociar, sin atender a razones, mientras está en plenitud de facultades legales como Gobierno. 

El Ministerio de Justicia, desde que comenzó este conflicto, no se ha hecho ni un solo movimiento para solucionar el problema. Si la Sr. ministra pide que se abandonen posiciones maximalistas, debería empezar ella misma. Por ese motivo, en el día de ayer se propuso que conforme a lo establecido en el artículo 45.3 del TREBEP se someta el conflicto a mediación como un recurso más que nos pueda llevar a una salida negociada de este conflicto. La mediación solicitada es obligatoria y, por este motivo, en el escrito se emplaza a la Administración empleadoras para que lleguemos a un acuerdo sobre la persona o personas que pueden ejercer de mediadores en el conflicto.

El lunes finaliza el plazo de 48 horas (hábiles) para que el Ministerio acepte esta vía de solución del conflicto a través de la mediación propuesta por el Comité de huelga.

Por otro lado, en las próximas horas, ante la asunción por parte de España de la Presidencia del Consejo europeo, el Comité de huelga se va a dirigir al Comisario europeo de Justicia Sr. Reynders para denunciar esta situación, exponer la grave situación que atraviesa la Justicia por la falta de voluntad de negociación del Ministerio de Justicia y del Gobierno en su conjunto y exponerle lo que, entendemos, creemos que todo el mundo entiende, más que justas reivindicaciones de los funcionarios de  la Administración de Justicia basadas en el reconocimiento legal y retributivo de las funciones que efectivamente realizamos.