Todas
las asociaciones de jueces y fiscales firman una carta abierta dirigida a
Rajoy.
En el
texto jueces y fiscales responsabilizan al Gobierno que la ciudadanía se siente
cada vez menos representada por las instituciones políticas
En la presente Legislatura
se está produciendo una indeseable avalancha de reformas legislativas,
impuestas por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Justicia. Dicha
imposición se está realizando sin consenso con el resto de fuerzas políticas
presentes en el Parlamento y despreciando los criterios técnicos de todas las
organizaciones representativas directamente implicadas en el posterior
desarrollo práctico de la reformas (jueces, fiscales, secretarios judiciales,
abogados, procuradores y funcionarios). Por supuesto, despreciando los
intereses más legítimos de los ciudadanos, que desconocen alcance social de las
reformas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia.
De esta forma, se disgusta a la
ciudadanía, que cada vez se siente menos representada en las instancias que
organizan la vida y la convivencia en el país y más alejada del Ministerio de
Justicia, al que día a día viene valorando más negativamente. Pero al mismo
tiempo, el Ministerio de Justicia, centrando su actuación en un mero ejercicio
del poder por la vía de la imposición sin consenso y sin diálogo, olvida no ya
la mejora efectiva del sistema que administra, sino también las condiciones de
vida en general de los administrados y de todos los españoles.
La situación se ha agravado sensiblemente
en los últimos meses, en los que el discurso oficial ha ido por cauces y
derroteros divergentes con los problemas y sensibilidades sociales. En ningún
momento se ha atisbado en el ministro responsable la más mínima intención de
acercamiento al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración
de Justicia juega en la democracia y en la defensa de la libertad.
De hecho, el Ministerio de Justicia no
ha conseguido organizar un programa de reformas capaz de sintonizar con la
realidad social ni con la situación de la Justicia. Y, mucho
menos, capaz de entusiasmar a la sociedad con propuestas veraces, transparentes
y bien comunicadas para restablecer la estabilidad perdida, la confianza y el
empuje necesario con el que superar la gravísima crisis económica, social y
política en que está embarcada España. Una crisis que no es necesario describir
de manera más prolija, pues está en la mente de todos y en todas las
conversaciones.
El cuadro sintomático en materia de
Justicia se resume, hasta el momento, en este conjunto de despropósitos:
- Intento de reforma del Consejo
General del Poder Judicial, promovido por el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, con la finalidad de cercenar la división de poderes y de
quebrantar la independencia judicial.
- Ley de tasas, con fijación de
cuantías desproporcionadas, que atentan al derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva.
- Privatización de la justicia,
reduciendo las competencias del marco judicial y traspasándolas a otros
colectivos.
- Inexistencia de inversiones en
materia de justicia, donde se mantienen ratios de población con jueces y
fiscales en rangos ínfimos, equiparándolos a niveles de países de segundo
orden.
- Ausencia de agilidad en las normas
procesales.
- Endurecimiento innecesario del Código
Penal, donde se introducen nuevos tipos penales, devenidos de asuntos puntuales
con impacto en la opinión pública. Esta reforma sobresaturará las Fiscalías y
los juzgados con competencias penales, con una reducción de los medios
personales para poder afrontar dichos asuntos.
- Carencia de propuestas que solucionen
las problemáticas mas acuciantes de los ciudadanos como serían los desahucios
hipotecarios.
- Falta de modernización en la
Administración de Justicia.
En relación con la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que cumplirá su tramitación legislativa el próximo martes 18 de
diciembre en el Parlamento, denunciamos la falta de audiencia real que han
tenido al respecto las asociaciones profesionales correspondientes, su
inadecuación a las normativas europeas, su innecesaria tramitación por vía de
urgencia y, en definitiva, su imposición mediante un ejercicio de fuerza sin
escuchar a quienes, conocedores de primera mano de la situación, van a proceder
a su aplicación. Se trata de una interpretación de la política que consideramos
carente de sentido de Estado.
Ante la falta de respuesta a nuestros
requerimientos por parte del Ministerio de Justicia, solicitamos el voto
negativo o la abstención de los grupos parlamentarios en la votación
correspondiente. Y anunciamos la promoción de todos los recursos y procedimientos
disponibles en derecho para que sea derogada lo antes posible y sustituida por
otra ley más razonable, más razonada y debidamente consensuada, en coherencia
con nuestro compromiso con la Justicia y en defensa del interés general de la
sociedad española.
Instamos tanto al Presidente del
Gobierno como al Ejecutivo en pleno que asuman un compromiso real en defensa de
la Administración de Justicia, para que esta pueda cumplir las elevadas
funciones constitucionales que tiene asignadas. Los representantes de las
asociaciones de jueces y de fiscales continuaremos reclamando soluciones para
que nuestro sistema judicial pueda seguir garantizando los derechos
fundamentales en el marco de nuestro Estado Constitucional.
Madrid, 17 de diciembre de 2012
ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACIÓN JUDICIAL
FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA
DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL
INDEPENDIENTE
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE
FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL
INDEPENDIENTE DE FISCALES
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