La nueva ley de tasas judiciales ha comenzado a aplicarse
este lunes, tras la publicación este sábado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) de la orden ministerial que regula el procedimiento de
liquidación y cobro.
La orden recoge los dos modelos para
la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución
extrajudicial de tasas judiciales. No obstante, también contempla varios
supuestos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de
modelos que entrarán en vigor más tarde, a partir del 1 de abril de 2013
La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros
en las tasas y los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden
Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante
el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.
La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las
Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los
votos en solitario del PP en el Senado. El PSOE, que ya ha anunciado un
recurso ante el Tribunal Constitucional, también ha registrado diversas
proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de
tasas además de asegurar que en la calle estarán "con los ciudadanos en
cualquier iniciativa" que emprendan.
"El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser
confundido con el derecho a la justicia gratuita", señala el preámbulo
de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los
grupos de la oposición y del conjunto de operadores jurídicos, que
consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a
los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.
Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley
se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y
Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la
casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase
de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.
El orden Social contempla un coste de 500 euros en
suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó
levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del
60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y
casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los
procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación
sea inferior a 2.000 euros.
Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno
ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden
jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento
verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un
monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y
200 euros en un concurso necesario.
EXENCIONES
Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas,
sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes
acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de
la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las
Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas
Legislativas de las comunidades autónomas.
El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su
gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Por otro, tiene en cuenta la puesta en marcha
de la Oficina Judicial y las competencias del secretario judicial, que
"comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la
tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé
curso a la actuación procesal que se solicite", según la ley, recogida
por Europa Press.
RECHAZO DE JUECES
La medida ha contado con el rechazo de un amplio sector
judicial. En este sentido, asociaciones de abogados, jueces, fiscales y
representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de
"poder a poder", es decir, desde "el poder ejecutivo al poder judicial"
debido al "fracaso" de las negociaciones con el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón.
No obstante, Rajoy ya ha manifestado su apoyo y el de su
Gobierno a Gallardón en las medidas que está llevando a cabo. "Ha hecho
un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno
y de su presidente", ha señalado el jefe del Ejecutivo en referencia al
titular de Justicia, añadiendo que la decisión sobre las tasas es
"sensata y equilibrada".
Según Rajoy, los usuarios españoles de la Justicia van a
pagar el 10 por ciento de lo que cuesta esta, mientras que el 90 por
ciento restante lo van a pagar los contribuyentes "sean o no usuarios
del servicio de la Justicia". Informó Europa Press.