Los representantes de la plataforma (en
la imagen, Emilia Rubio, de STAJ, junto a Carnicer), constituida el
pasado diciembre para hacer público su rechazo a las tasas, han acudido a la
sede de la institución dirigida por
Soledad Becerril para reclamar su intervención contra una ley que, a su juicio,
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1
de la Constitución.
Según el Consejo de Consumidores y
Usuarios (CCU), la norma también conculca los artículos 14 y 51 de la Carta Magna , que
recogen la igualdad de todos los españoles ante la ley y la protección de los
consumidores y usuarios.
La Defensora del Pueblo ha trasladado a
las organizaciones que estudiará este asunto antes del 20 de febrero, cuando
vence el plazo para presentar un posible recurso ante el Alto Tribunal. Sus
interlocutores le remitirán más argumentos y casos concretos de ciudadanos que
se han visto perjudicados por las nuevas tasas, según ha explicado el
presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer.
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