El
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer martes en el
Pleno del Senado la decisión de
entregar a los Registradores Mercantiles la gestión del Registro Civil.
Tras más de un año de polémicas en torno a esta cuestión, finalmente el
Ministerio ha decidido que sea este colectivo el que asuma la gestión, en lugar
del Colegio de Registradores con el que las negociaciones se enfriaron hace
meses, y descartando también a los secretarios judiciales.
La Ley 20/2011 del RegistroCivil, aprobada por el PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero sin
determinar qué funcionario se haría cargo de ello. Finalmente, se encomendará a
los Registradores Mercantiles, que pasarán a denominarse Registradores Civiles
y Mercantiles, y que, en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio,
tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el
ciudadano.
El
Ejecutivo se ha decantado definitivamente por este colectivo frente a los
Registradores de la Propiedad o los Secretarios Judiciales por tres razones
principales: su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para
hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital
y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio, la gratuidad de
los trámites para los ciudadanos, según explica Justicia.
Justicia
destaca que gracias a la interoperabilidad entre Administraciones que permitirá
este sistema informático, el 85% de las certificaciones que se expiden
actualmente en el Registro Civil, unos tres millones al año, serán innecesarias
y evitarán que el ciudadano tenga que acercarse físicamente al registro a
realizar sus trámites.
La ley 20/2011 desjudicializaba el Registro Civil y daba de
plazo para implantar el nuevo modelo hasta el 22 de julio de 2014. Sin embargo,
la entrada en vigor se prorrogará en los próximos días para desarrollar la
nueva organización del Registro y la plataforma digital y así afianzar el
correcto funcionamiento de la nueva estructura.
Según
el comunicado remitido por el Ministerio, la reforma también da un paso más
sobre la ley de 2011 respecto a la cercanía de estos servicios al ciudadano.
Pese a apostar por un verdadero desarrollo informático que permita al ciudadano
no tener que desplazarse al Registro Civil, se garantizará que haya una oficina
en cada capital de provincia, mientras que la ley que debería entrar en vigor
sólo fijaba una por cada Comunidad Autónoma. La reforma, además, completa el
mapa del Registro Civil estableciendo que allá donde no exista un registro
mercantil, las notarías o las oficinas de los Juzgados de Paz que con la
modificación de la quedarán integradas en los ayuntamientos
desarrollarán labores del Registro.
El
nuevo modelo del Registro Civil permitirá también que los Jueces, Secretarios y funcionarios que actualmente se dedican en
exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasen a realizar su
actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, lo que reforzará la
Administración de Justicia. El Ministerio se ha comprometido desde el inicio de
la legislatura a mantener el empleo existente, incluido el personal interino,
dentro del territorio que es de su competencia. Y así se les ha comunicado a
los sindicatos en las reuniones mantenidas con ellos.
