A continuación reproducimos el artículo publicado en el digital CONFILEGAL, por Manuel Palomares Herrera, a quien por supuesto le agradecemos sinceramente las palabras de reconocimiento que hace de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, y el trabajo que desempeñamos en los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y demás Órganos judiciales.
¿Quiénes son los Tramitadores, Auxiliares y Gestores Procesales?: La infantería de la Administración de Justicia
| 01 junio, 2018
Se
dejan ver poco, pero siempre están ahí. Acuartelados en oficinas
judiciales o en las burócratas trincheras de las unidades procesales de
apoyo directo. Mirada fija, tareas perennes e ideas claras.
Apreciados
por abogados y procuradores, desconocidos por la ubérrima mayoría de
los mortales: hablamos de los funcionarios judiciales de intramuros, la
verdadera tropa de élite de la Administración de Justicia para que se
garantice un servicio ordinario y de calidad.
Si
bien su nombre completo actual, desde 2004, es Cuerpo de Auxiliares,
Tramitadores y Gestores Procesales y Administrativos, algunos los
recordarán por sus antiguas nomenclaturas de alguaciles, agentes
judiciales y oficiales de justicia respectivamente, si bien siguen
siendo servidores públicos del grupo C, B y A.2.
Pensar en los
juzgados es pensar solo en togas y alguna puñeta que otra, sin embargo
estos funcionarios a los que dedicamos este espacio son tramitando
procedimientos y expedientes a los jueces lo que los duendecillos de la
navidad envolviendo regalos a Santa Claus y moviendo el tinglado para
que la cosa funcione, pero en vez de magia de la navidad, con el
espíritu de la justicia.
Un servicio absolutamente fundamental.
Sí, amigos, como sospechaban, detrás de las solemnes y amaderadas paredes de las salas de vistas hay movimiento, voces, vida.
Las
notificaciones, cédulas, diligencias y los expedientes no se hacen
solos, ni las ejecuciones, confección de cédulas, ni la gestión de
archivos está del todo informatizada… sino que son las cualificadas
manos de la justicia ordinaria, las manos de estos profesionales las que
engrasan la maquinaria.
Mano suave pero mano dura cuando se
requiere, pues los Auxiliares, y a veces Gestores, poseen carácter de
autoridad y consideración de Policía Judicial, así que como diría el
anuncio de Danacol, poca broma.
Estos
zapadores de juzgados y servicios comunes no merecen menos
honorabilidad que otros cuerpos si consideramos las durísimas
oposiciones de acceso.
Solo hace falta un profundo conocimiento
del Código Procesal, una media de 4 años de estudio, formación previa,
paciencia y sangre fría para salir del pozo que es esta oposición, lucir
placa en sus carteras y su nombre en el BOE.
No es raro que los mismos jueces y letrados judiciales consulten dudas procesales a los tramitadores y gestores.
Podríamos
afirmar de hecho que no hay funcionario que conozca mejor las leyes
procesales y la ingeniería procesal en todas y cada una de sus
jurisdicciones.
Para medir el desarrollo humano y de civilización
de un país se atiende por lo común a indicadores como la situación de
los derechos humanos en sus prisiones, la limpieza de sus calles o la
transparencia pública, pero hemos de poner en valor también otro
indicativo de la evolución social de un Estado: el funcionamiento de la
Administración de Justicia.
En este sentido España marcha como un reloj suizo.
En
la última convocatoria que terminó la semana pasada han concurrido más
de 100.000 opositores para menos de 2.000 plazas, lo cual denota el
agónico proceso de selección en donde solo quedan los más diestros,
arrojando en algunas comunidades con competencias asumidas en justicia
(personal y material) ratios de 150 aspirantes por plaza.
Con los
presupuestos recién aprobados, los opositores solo esperan ansiosos la
Oferta de Empleo Público, de la que esperan mayor generosidad y buen
hacer.
Lo más sonado de esta recién clausurada convocatoria y que
todos recordarán en su transcurrir es la inclusión de preguntas sobre
contenido derogado en sus exámenes lo cual ha desatado una verdadera
lluvia de escritos de impugnación desde todos los puntos de España hacia
el desafortunado tribunal calificador, además de la desacertada
inclusión de un preparador de estas oposiciones como miembro del
tribunal, que al final, con buen criterio, se cambió por otro miembro
más imparcial.
Finalmente, si algo destaca en estos tres cuerpos
es la cantidad excesiva de funcionarios interinos que ocupan sus filas,
algo que por fin pretende revertir el Gobierno a partir de este año, y a
tres años vista, al instaurar el sistema de concurso-oposición para que
se incorporen a la estabilidad los interinos o al menos darles la
oportunidad de ganarse su puesto.
Esto ha evidenciado un
descontento generalizado en el vasto tapón de opositores por el turno
libre al ser otro escollo a superar, por si fuese poco.
Por esta
razón, en tiempos de equiparación salarial en el sector público, no
sería descabellado aplicar esta regla también a la Administración de
Justicia, además de más regularidad y pragmatismo.
Nuestro más sincero agradecimiento al digital CONFILEGAL y al autor del artículo
