Tal
como hemos informado la semana pasada en relación con el complemento de
indemnización por residencia en Baleares, el Partido Popular y Ciudadanos
presentaron sendas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, instando al Ejecutivo a actualizar el complemento de insularidad, que está sin
actualizar desde el año 2006.
El Ejecutivo, el gobierno nacional, ha vetado ambas enmiendas, de forma que no
han dado opción, ni siquiera, a que se debatieran y votaran en el Congreso. La
excusa del Ministerio de Hacienda para el veto es que ambas enmiendas suponen
un incremento presupuestario.
En
este sentido señalar que, por ejemplo, una de las enmiendas y la única de las
dos en la que se concretaba una cantidad, tan solo suponía un incremento de 18
millones de euros brutos adicionales a los ya existentes, y parte de esta
cantidad retornaría de nuevo al erario público por la vía del IRPF, y a la
Seguridad Social por la vía de las cotizaciones sociales; en términos de
contabilidad nacional no supone tanto incremento presupuestario.
Más sangrante se hace el agravio cuando vemos que en los Presupuestos sí se
recogen incrementos presupuestarios para otras partidas, y de mucha mayor
cuantía que lo solicitado para la actualización del complemento de
indemnización por excelencia en Baleares. Por lo tanto, entendemos que este
veto a las enmiendas no se debe tanto a criterios económicos, sino que se
debe a razones ideológicas.
Recordamos que el principal Partido del Gobierno ha votado sistemáticamente en contra de la actualización del complemento de indemnización por residencia, tanto en la Proposición no de Ley (presentada el Congreso en el mes de marzo), como a la Enmienda (presentada en el Senado en el mes de junio), es decir, no es la primera vez que se opone. No entendemos por qué esta fijación con el colectivo de empleados públicos del Estado en Islas Baleares.
La
idea es actualizar el complemento de indemnización por residencia, que está sin
actualizar desde el año 2006, para deshacer el agravio que sufrimos con respeto
a otros territorios extra peninsulares y conseguir un mayor arraigo de aquellos
empleados públicos que son destinados o se encuentran en Baleares y conseguir
unas plantillas de empleados públicos completas y con permanencia, para poder
dar un mejor servicio y una respuesta más rápida de la Administración del
Estado a los ciudadanos de Baleares.
Desde este punto de vista no se entiende, ni la negativa del gobierno nacional,
ni mucho menos el silencio del Govern Balear,
puesto que el Govern Balear debiera ser el principal interesado en mejorar los
servicios públicos en Balears.
Desde la Unidad sindical InsularidadDigna estamos esperando una reunión con la presidenta
del Govern Balear, Francina Armengol y la consejera de Función Pública, señora
Garrido, para que nos explique por qué no se ha avanzado en el Acuerdo firmado en el mes de mayo con los representantes de los empleados públicos en Islas Baleares y que suponía la defensa, ante el Ministerio de Hacienda, de la creación de un complemento de fidelización en las Illes Baleares para los empleados públicos.
En este sentido el Govern balear también ha mostrado su negativa a reunirse con InsularidadDigna y a explicar por qué no ha cumplido el acuerdo.
Debemos seguir insistiendo, hasta la consecución del objetivo, que es la actualización del complemento de indemnización por residencia, deshacer el agravio que sufren las Islas Baleares con respecto a otros territorios extra peninsulares, conseguir unas plantillas completas y con permanencia para dar un mejor servicio público en Baleares.
La Unidad de acción sindical #InsularidadDigna está compuesta por las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales en el ámbito de la Administración General del Estado, Administración de Justicia (STAJ), Agencia Tributaria, Instituciones penitenciarias, Guardia Civil y Policía Nacional.
