Ayer 26 de abril se debatió y aprobó en el Senado una Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a instancia de la Unidad de Acción Sindical InsularidadDigna, en relación a la actualización del complemento de indemnización por residencia (complemento de insularidad) de los empleados públicos del Estado que dan servicio en Illes Balears.
La moción por una #InsularidadDigna ha sido aprobada en el Senado, a pesar de la abstención del PSOE y el PNV. Una vez más el Partido Socialista no ha votado a favor de actualizar el complemento de insularidad. En distintas votaciones, o ha votado en contra o se ha abstenido, no mostrado nunca una posición netamente favorable a actualizar el complemento de insularidad.
Agradecemos el voto favorable del Partido Popular, Grupo MIXTO (donde está encuadrado VOX), DEMOCRÁTICO (donde está encuadro Ciudadanos), ERC-BILDU, IZQUIERDA CONFEDERAL (donde está encuadrado MÈS per Mallorca) y NACIONALISTA JUNTS-CC-PNC.
Con esta Moción, #InsularidadDigna trata de visibilizar la problemática que viven los ciudadanos de Baleares, quienes padecen unos pésimos servicios públicos estatales debido a la falta de recursos humanos.
La unidad sindical InsularidadDigna ha estado presente con una amplia representación en la Cámara Alta (Senado) en la presentación y en la votación de la Moción presentada por el Partido Popular que busca mejorar la provisión de plazas de empleados del sector público estatal en las Islas Baleares, para que se convierta en estable y arraigada y que no se vea dificultada por los costes crecientes derivados de la insularidad.
Teniendo en cuenta estas circunstancias se pretende favorecer la permanencia de los empleados públicos en los territorios en los que, como sucede en las Illes Balears, se detecta una mayor dificultad para la cobertura de vacantes, de tal forma que con la actualización de cuantías de la indemnización por residencia se consiga mantener un mayor grado de ocupación de los puestos de trabajo redundando en un mejor y mayor servicio a los ciudadanos.
Así, el Pleno del Senado insta al Gobierno para que durante el año 2023 la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears sea dotada con un mínimo de 18 millones de euros adicionales para este año (lo que supondría multiplicar por 3 el presupuesto actual que se destina al pago del complemento de insularidad).
Asimismo, se solicita al Gobierno a realizar un estudio económico sobre los costes reales que nos supone a los empleados del sector público estatal realizar nuestras funciones en las Islas Baleares para poder actualizar la indemnización por residencia y ajustarla a la realidad.
Hay que recordar que lo que se ha aprobado no es un texto legislativo. Es, por decirlo de alguna forma, una obligación ética y moral que adquiere el Ejecutivo cuando una de las Cámaras de la representación nacional ha votado, instando al propio Ejecutivo actualizar ese complemento.
Ahora el Ejecutivo puede adoptar esa moción y tramitarla por la vía legislativa, por ejemplo, a través de un Real Decreto-Ley, por aquello del trámite de urgencia y necesidad. O bien esperar a los próximos Presupuestos Generales del Estado e introducirla en los Presupuestos. O bien guardarla en un cajón y ya está, puesto que no hay una obligación legal de hacer nada. Es, sobre todo, una obligación ética o moral, pero que tal vez le puede dar igual.
Debemos estar a la espera para saber qué recorrido tiene esta Moción aprobada en el Senado, pero es evidente que esto supone una presión para el Ejecutivo actual, o el futuro que pueda salir de las siguientes elecciones Autonómicas y Generales.
Solo queda esperar que, ante el clamor de todas instituciones, tanto nacionales como europeas (recuerden que el mes pasado InsularidadDigna estuvo presente en el Parlamento Europeo), el Gobierno de España cumpla con los mandatos constitucionales y acabe con la desigualdad que vienen los ciudadanos de Illes Balears.
La Unidad de acción sindical #InsularidadDigna está compuesta por las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales en el ámbito de la Administración General del Estado, Administración de Justicia (STAJ), Agencia Tributaria, Instituciones penitenciarias, Guardia Civil y Policía Nacional. Un total de 18 organizaciones profesionales y sindicales.
Por unos servicios públicos de calidad.
Por unas plantillas de empleados públicos completas y con permanencia.
Por la igualdad de trato con otros territorios extra peninsulares y la igualdad en la calidad de los servicios públicos que se dan a la sociedad.
InsularidadDigna!!!!
Es de Justicia!!!!!!
