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COMPLEMENTO DE INSULARIDAD: INSULARIDAD DIGNA. LA RECLAMACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL COMPLEMENTO DE INSULARIDAD LLEGA AL PARLAMENTO EUROPEO.

 


Ayer miércoles, 22 de marzo, se planteó en el Parlamento Europeo la propuesta de la Unión sindical InsularidadDigna, de actualizar la cuantía del complemento de insularidad en las Islas Baleares.

Desde InsulariadDigna llegamos al Parlamento Europeo donde buscamos el amparo que no encontramos ni ante el Gobierno de España, ni ante al Govern Balear, este último ni siquiera cumple con los Acuerdo firmados.

Con esta visita al Parlamento de Europeo, InsularidaDigna, y la reivindicación de los empleados públicos del Estado en Islas Baleares, estamos presentes en todos los foros de debate: Parlament Balear, Parlamento Nacional y Parlamento Europeo; y así hasta conseguir una InsularidadDigna.

Se ha expuesto, en el seno de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la propuesta de la Unión Intersindical InsularidadDigna de actualizar las cuantías del complemento de residencia para todos los empleados públicos del Estado en Islas Baleares.

La unidad intersindical #InsularidadDigna ha expuesto en el seno del Parlamento Europeo la problemática que sufren los ciudadanos de las Islas Baleares y los empleados públicos del Estado.

Fernando Martorell, ponente y portavoz de la organización, expuso ante los representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la gran problemática que están sufriendo los ciudadanos de las Islas Baleares ante la falta de funcionarios Públicos del Estado.

En el Pleno en el que han participado varios Grupos parlamentarios y con el liderazgo en la propuesta de la Eurodiputada balear Rosa Estaràs, del Partido Popular, se insta al Gobierno de España a aprobar los fondos de cohesión para acabar con la desigualdad en Baleares, con respecto a otros territorios extra peninsulares, tal y como ha solicitado la política balear.

Según Estaràs, se trata de una cuestión de justicia social y valores europeos.

Como se ha trasladado en multitud de ocasiones, esta situación genera una infradotación de empleados públicos, una mayor carga de trabajo y una peor atención a los ciudadanos. En la Comisión ha intervenido un representante de la Comisión Europea, que ha recordado que los fondos de cohesión sirven precisamente para corregir las desventajas a las que se expone la insularidad, como las relativas a transporte, coste de la vida o acceso a sanidad y educación. El ponente ha realizado un llamamiento a las autoridades españolas e insulares para que refuercen su política de cohesión y soluciones la problemática de la función pública en Baleares.

Para finalizar, la eurodiputada balear Rosa Estaràs ha denunciado durante su intervención que el déficit de ayudas atenta contra los valores europeos, y ha reclamado a las autoridades españolas y de Baleares que cumplan con la insularidad digna que reclaman los peticionarios.

La Comisión de Peticiones, que preside la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha decidido dejar abierta la solicitud y pedir, a través de una carta, al Gobierno de España, competente en la gestión de los fondos de cohesión junto con las CCAA, si se están utilizando estos fondos de cohesión para este fin.

El abandono en la actualización del complemento, que ahora refleja unas cuantías que en absoluto están adaptadas a la realidad económica del archipiélago, está detrás de la notoria de infradotación de plantillas y del consiguiente mal servicio que se presta a la ciudadanía en comparación con otros territorios extra peninsulares.

Denunciamos que esta situación, que empeora año tras año, causa sobrecarga y un mal servicio de los ciudadanos.

El Estado proporciona de forma directa a la sociedad de servicios públicos en el campo de la Seguridad social, Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias, Hacienda. Administración de Justicia, Defensa.

La Unidad de acción sindical #InsularidadDigna está compuesta por las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales en el ámbito de la Administración General del Estado, Administración de Justicia (STAJ), Agencia Tributaria, Instituciones penitenciarias, Guardia Civil y Policía Nacional. Un total de 18 organizaciones profesionales y sindicales.