El miércoles 8 de abril se ha celebrado reunión de la comisión de seguimiento del Acuerdo de 8 de enero de 2025 suscrito entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CIG, de garantías en el proceso de transición al nuevo modelo de oficina judicial derivado de la Ley Orgánica 1/2025 por la que se instauran los Tribunales de Instancia.
STAJ ha puesto de manifiesto durante la reunión las muchas disfunciones que está produciendo la implantación, tanto por la configuración de numerosas Relaciones de Puestos de Trabajo en todos los territorios, en las que se han incumplido alguno de los puntos del acuerdo tales como la no creación de áreas a partir de 12 unidades judiciales en una misma sección del Tribunal o la creación de equipos orgánicos a partir de 50 efectivos, así como por la improvisación en el reparto del trabajo mediante la creación, por parte de muchos Secretarios Coordinadores y Directores de los servicios, de lo que han denominado “equipos o grupos funcionales”, diseñando una auténtica subestructura dentro de los diferentes Servicios que excede en mucho de lo previsto en las Relaciones de Puestos de Trabajo, arrogándose una competencia que no les corresponde. Recordemos que por tales motivos STAJ tiene recurridas la mayoría de Relaciones de Puestos de Trabajo donde no se incumplen esos criterios, así como numerosos protocolos e instrucciones dictadas por los Coordinadores y Directores de los Servicios.
Además, la redistribución de los procedimientos entre el personal se ha realizado en muchos casos sin criterios claros ni por supuesto transparentes y en ocasiones sin siquiera conocimiento del personal, por lo que se ha generado una cierta anarquía en la que cada uno hace lo que puede. También se está asignando la tramitación de procedimientos propios de la Oficina Judicial a Oficinas de Justicia en el Municipio, o incluso a Oficinas Delegadas en Centros penitenciarios, sin estudio previo de la viabilidad material y personal de dicha asignación, obviando cuáles son las funciones propias de esas Oficinas. Todo ello sin olvidar que algunos han aprovechado la situación para delegar aún más, si cabe, las funciones que les corresponden, consignándolo incluso mediante órdenes escritas.
Junto a ello, en numerosos centros de destino, el tránsito al nuevo modelo ha conllevado un traslado físico de los puestos de trabajo y por tanto del personal, de manera que se han rediseñado las dependencias de las oficinas provocando en muchos casos un hacinamiento inaceptable de las personas que las integran, con la mirada hacia otro lado de los responsables de las Administraciones prestacionales (Ministerio y CCAA).
También hemos denunciado que se están produciendo situaciones de incumplimiento de garantías básicas recogidas en el Acuerdo, tales como la garantía de mantenimiento de función en el proceso de confirmación, o de mantenimiento de la frecuencia de realización del servicio de guardia para quienes tuvieran derecho a ella.
En definitiva, la implantación está siendo caótica, produciendo una compartimentación aún mayor de los servicios que la que prevé la propia norma, generando con ello una mayor burocracia interna que propicia una sobrecarga de trabajo en la práctica mayoría de los puestos de trabajo, con una distribución muy desigual que está generando situaciones de mucho estrés. Todo ello ha provocado que el servicio público “medio funcione” sólo gracias a la profesionalidad y responsabilidad de los funcionarios y funcionarias de Justicia, como siempre.
El Ministerio inicialmente niega que existan tales disfunciones o que si las hay no son tan graves y en todo caso son achacables a los primeros momentos, y que como todo cambio la situación se irá normalizando. No obstante, sí que ha tomado nota de las denuncias que hemos puesto de manifiesto en la reunión, pidiéndonos que comuniquemos dónde concretamente se están produciendo los problemas y disfunciones, comprometiéndose a dictar instrucciones claras para solventar los problemas interpretativos que puedan haber generado estas disfunciones.
En cuanto a la culminación de la negociación de la carrera profesional, cuya demora también hemos denunciado, el Ministerio nos ha convocado a nueva reunión del grupo de trabajo para el día 28 de abril, donde esperemos quede finalizado todo el diseño del Real Decreto que la regulará con carácter básico para su pase a mesa sectorial.
