Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (FdV) ha visto con buenos ojos algunos aspectos que incorpora el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) (LECRim) que propone el Gobierno y que, entre sus puntos más novedosos, plantea que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción de los casos.
Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado en el que valora "muy positivamente" el borrador de la norma, que "por fin" aborda una reforma estructural del proceso penal con el objetivo de poner fin a "una situación insostenible" que, a su juicio, se ha caracterizado por una fase de investigación "ineficaz" y "altamente disfuncional" y por "un intolerable déficit regulativo" en materia de admisión, formación y validez de los diferentes medios de prueba.
La asociación recuerda que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) data de 1882 y que ha sido modificada a través de diversas reformas parciales, "a modo de parches", y por jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que "han ido elaborando un cuerpo de doctrina de tal envergadura que puede hablarse, sin ninguna duda, de la existencia de un verdadero ordenamiento jurídico oculto, pues sólo acudiendo a la jurisprudencia podrá conocerse el estado actual en materia probatoria".
JpD considera que esta situación ha generado "problemas insalvables de incerteza, inseguridad, dispersión e incongruencia" por la "inestable" doctrina de los tribunales y celebra que la nueva regulación que propone el Ministerio de Francisco Caamaño constituye un "evidente" avance en materia de garantías procesales, regulando con detalle los medios de investigación, las medidas cautelares, y el estatuto de la defensa y reconociendo el "papel central" que las personas investigadas y acusadas tienen en el proceso.
Recuerda que, según el borrador adelantado este martes por la Cadena Ser, se introducen las figuras del Juez de Garantías y del Juez de la Audiencia Preliminar, en términos similares a otros ordenamientos de nuestro entorno y se atribuye la investigación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ministerio Fiscal, bajo la salvaguarda del Juez de Garantías. Eso sí, echa en falta que la norma no "retoque" la Ley del Jurado tras algunas experiencias "problemáticas".
Con todo, duda de que el texto salga adelante por falta de apoyos parlamentarios y llama a los grupos a tramitar urgentemente "al menos" aquellas partes que tienen por objeto regular las fuentes y medios de prueba y sus condiciones de admisibilidad, validez y eficacia para que las Cortes las aprueben de forma "inmediata", "pues no debieran ser problemáticas en un Estado que se dice Constitucional".
EL IMPUTADO PASARÁ A SER "INVESTIGADO"
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero, ha celebrado la incorporación de algunos "aspectos positivos" en el borrador de la LECrim (LA LEY 1/1882), como es la regulación de las escuchas telefónicas, la grabación en vídeo de los detenidos, la inclusión de un Estatuto de la Víctima o la limitación de la acusación popular.
Sin embargo, FdV ha advertido sobre otros puntos "críticos" del texto como es la propuesta de que el detenido sea asistido no sólo por un médico forense sino por otro designado por el Mecanismo de Prevención de la Tortura. Para la asociación, supone introducir un elemento "extraño" que transmite la sensación de que "hay sospechas" sobre la situación del arrestado.
Tras considerar suficiente la grabación en vídeo y la asistencia de un médico forense al detenido, Sexmero ha subrayado que la sugerencia de cambiar el término imputado por el de investigado se hace para "acallar las quejas de políticos de gran calado y de gente con recursos" pero que, en la práctica, "la cuestión social seguirá igual".
Además, advierte de la necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar su autonomía y poder asumir el peso de la instrucción así como de reorganizar el sistema para impulsar la figura de un juez de garantías y otro de audiencia preliminar con el fin de reforzar su posición de garantes del proceso.
