STAJ pide la dimisión del Presidente del CGPJ Carlos Lesmes y de todos los integrantes de la Comisión permanente.
El comunicado dictado en el día de hoy por el Consejo General del Poder Judicial en relación con los servicios esenciales que debe prestar la Administración de Justicia y los efectivos que deben desempeñarlos, ha desatado la indignación en el colectivo de funcionarios de este sector.
En días anteriores, ya había decretado el máximo órgano de Gobierno de Jueces y Magistrados lo que debía considerarse servicios esenciales. Sin embargo, según la estructura orgánica de la Administración de Justicia, algunas Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en materia de Personal y en las que no es así, estas competencias las tiene atribuidas el Ministerio de Justicia. Por tanto, el CGPJ puede determinar qué servicios son los considerados esenciales, pero no cuántos funcionarios deben atenderlo..
En este escenario, algunas Comunidades Autónomas, como la de Andalucía, se han mostrado con sus medidas más acordes con el Estado de Alarma y más sensibilizadas que otras con la recomendación sanitaria de mantener el menor número de personas expuestas y promocionar el teletrabajo, con el fin de controlar la expansión del Coronavirus. En el ámbito no transferido STAJ lleva presionando toda la semana al Ministerio de Justicia para que fije una dotación mínima, pero suficiente, para atender los servicios esenciales marcados. En este contexto, el Ministerio de Justicia había convocado para mañana una conferencia sectorial con las comunidades autónomas transferidas y una reunión con los sindicatos de justicia representativos.
Pues bien, ante la disparidad de posiciones autonómicas, y especialmente ante las que se han mostrado más austeras en la dotación de personal, favoreciendo la disponibilidad en caso de necesitar su presencia sobre la prestación estrictamente presencial, la Comisión Permanente del CGPJ ha dictado un comunicado con una introducción áspera y amenazante dirigida a las Administraciones con competencias en materia de Justicia y un enaltecimiento del trabajo de los jueces, al tiempo que insulta al personal funcionario que presta servicio en juzgados y tribunales.
Pero paradójicamente, los jueces y magistrados en estos días, por indicación precisamente del CGPJ, permanecerán en su mayoría en sus casas, salvo en los supuestos de servicios esenciales, mientras que a los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia les exigen presencia, incluida en aquellos órganos judiciales en los que no es necesario por no constituir servicios esenciales, o permanecer en éstos un mayor número de personas de las necesarias para cubrirlos.
Póngase de manifiesto, que estos funcionarios que deben prestar los servicios esenciales carecen, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, de material de seguridad y prevención contra el Coronavirus, pues el Ministerio de Sanidad los está requisando todos.
Por tanto, el CGPJ pretende favorecer la prestación del servicio presencial, sobre la de disponibilidad, teniendo que hacerlo, además, sin material de protección. En su comunicado, el CGPJ indica que la “esencialidad del Estado de Derecho… es ahora, en momentos de crisis, cuando su vigencia y permanencia debe hacerse evidente a los ciudadanos, y que los Juzgados y Tribunales permanezcan abiertos y dotados con el personal necesario para asegurar la protección de sus derechos es parte de esa evidencia”.
Desde STAJ queremos señalar que la prioridad de los españoles en estos momentos de crisis no es la protección de sus derechos civiles ni procesales, sino de su salud. Por tanto, todos aquellos órganos judiciales que no prestan servicios esenciales, cuya desatención crea un grave menoscabo e irreparable perjuicio, deben permanecer servidos en régimen de disponibilidad, esto es, ser requeridos en caso de ser necesario.
Por tanto, la amenaza velada que lanza el CGPJ a las Administración con competencias en materia de Personal al Servicio de la Administración de Justicia más parece una reclamación de poder y omnipresencia perdidos en esta materia, que una “heroica” protección de la prestación de los servicios, pues las medidas tomadas con prudencia por parte de las Administración no ponen en riesgo la prestación de esos servicios esenciales y contribuyen a la protección de la salud de los trabajadores y el control de la propagación del virus que tiene en Estado de Alerta a la nación.
El comunicado insulta a los funcionarios judiciales cuando insinúa que estamos pretendiendo el abandono de los servicios públicos al tiempo que pone en valor la entrega de colectivos como el sanitario, las fuerzas de seguridad del Estado, o diversos colectivos de trabajadores del sector privado, olvidando que la disponibilidad del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia es absoluta siempre y, por supuesto, más aún en situaciones como las que desgraciadamente estamos viviendo.
La Comisión Permanente del CGPJ, autora del comunicado, con el Presidente Carlos Lesmes a la cabeza, está demostrando su absoluta incompetencia e incapacidad para gestionar adecuadamente una situación de crisis, limitándose a dar órdenes sin ofrecer ni un solo mecanismo, plan o reestructuración temporal de las competencias judiciales para su asunción, en la medida de lo posible, por los servicios de guardia que permanecen ininterrumpidamente abiertos con absoluta normalidad, manteniendo al resto en situación de disponibilidad, lo que permitiría minimizar el riesgo de contagio entre los funcionarios y por ende la propagación del virus al tiempo que se salvaguarden los derechos de la ciudadanía.
Para STAJ el CGPJ con este comunicado muestra una grave falta de sensibilidad, responsabilidad y solidaridad con la situación de alarma que vive nuestro país y con la salud de los trabajadores de la Administración de Justicia, así como una falta de atención al compromiso que a todos como ciudadanos nos compete, de mantenernos fuera de circulación, salvo para actuaciones de estricta necesidad vital.
Por todo ello, STAJ pide la dimisión del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y de todos los integrantes de la Comisión permanente autora del comunicado.
