· El Ministerio no acepta el incremento en el complemento general de puesto, trasladando la responsabilidad de una posible subida salarial a cada ámbito, en el complemento específico.
· El Ministerio no asume la subida salarial a la totalidad de los 45.000 funcionarios en el complemento general del puesto, cuando hace menos de un año ha incrementado el sueldo de LAJs, jueces y fiscales. Sí que acepta el incremento para los funcionarios del ámbito no transferido, los gestionados por el propio Ministerio, en el complemento específico de ámbito ministerio.
El pasado día 7 de marzo se ha celebrado reunión de mesa sectorial con el Ministerio de Justicia, en la que por parte de la Administración se ha mostrado nuevamente su postura inamovible en cuanto a la aplicación de un incremento salarial para todos los funcionarios de los Cuerpos generales y especiales en todos los ámbitos y con ello dar una salida justa al conflicto.
El Ministerio ha explicado que en la reunión de la conferencia sectorial del 1 de marzo con las CCAA les trasladó la necesidad de que la solución al conflicto pasaba por que cada Administración negociase en su propio ámbito el incremento salarial, en el complemento específico, que es competencia exclusiva de cada una de ellas.
Frente a la postura del Ministerio, las CCAA manifestaron mayoritariamente en esa conferencia que la solución pasaba por el incremento retributivo en el complemento general del puesto, que es competencia del Estado, eso sí, con compensación económica por parte del Gobierno, para poder afrontarlo.
La negativa del Ministerio y el Gobierno de la Nación, sin dar explicaciones ni tener razón objetiva alguna que lo impida, refleja la nula voluntad de reconocimiento de lo que las leyes de eficiencia van a suponer para la totalidad del Estado a los 45.000 funcionarios. ¿Acaso las leyes de eficiencia y la transformación digital de la Administración de Justicia se van a aplicar solo en aquellos ámbitos donde, hipotéticamente, se consiga un incremento salarial, si es que se consigue? El Ministerio impone el cumplimiento de la ley para todos, pero propicia un trato desigual entre territorios en el reconocimiento retributivo de la labor que desempeñan ya, y la que van a desempeñar a partir de ahora, los cuerpos generales y especiales en toda la transformación de la Justicia en toda España.
En definitiva, el Ministerio trata de echar un pulso político a las CCAA, propiciando desigualdades entre territorios, ante un proyecto que, según sus propias palabras, debería ser único y homogéneo, sin importarle lo más mínimo los derechos, las retribuciones, y las condiciones de trabajo de los 45.000 funcionarios de los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia.
Desde STAJ hemos manifestado al Ministerio su falta de lealtad y el engaño a que ha sometido a los funcionarios de Justicia de toda España, y le hemos reprochado que, además de haber demostrado un clasismo rancio aplicando subidas salariales a los Cuerpos superiores, pretenda ahora generar más desigualdades entre los funcionarios.
Con esta actitud, el conflicto no solo no se cierra, sino que se acentúa. La desmotivación entre el personal provocada por este desprecio de nuestros gobernantes hacia los funcionarios y funcionarias, hará que fracase la puesta en marcha de los proyectos de reforma de este Gobierno que se dice “progresista”.
