Desde ayer grupos de funcionarios de Justicia se constituyen en asambleas permanentes dentro de las diferentes sedes judiciales para exigir al Gobierno que se siente a negociar el reconocimiento laboral y retributivo de las funciones que realizamos.
En estas asambleas están presentes delegados de los cuatro sindicatos integrantes del comité de huelga que permanecen junto con sus compañeros/as para darles apoyo y asistencia en esta situación.
El comité de huelga responsabiliza directamente, al Gobierno por el estado de caos en el que se está sumiendo la Administración de Justicia por su actitud de no querer abrir una negociación que pueda dar una solución a este conflicto.
Con su actitud los funcionarios/as de Justicia ponen de manifiesto su hartazgo e indignación por las siguientes razones o motivos:
En estas asambleas están presentes delegados de los cuatro sindicatos integrantes del comité de huelga que permanecen junto con sus compañeros/as para darles apoyo y asistencia en esta situación.
El comité de huelga responsabiliza directamente, al Gobierno por el estado de caos en el que se está sumiendo la Administración de Justicia por su actitud de no querer abrir una negociación que pueda dar una solución a este conflicto.
Con su actitud los funcionarios/as de Justicia ponen de manifiesto su hartazgo e indignación por las siguientes razones o motivos:
· La cerrazón de un Gobierno a entablar una negociación real y efectiva que pueda dar salida al conflicto tras dos meses de huelga.
· La falta de voluntad de buscar soluciones por parte de los responsables ministeriales que se han dedicado a envenenar el conflicto con mentiras sobre la posición sindical en las escasas reuniones mantenidas.
No es cierto que se esté ligando el incremento retributivo a las leyes de eficiencia sino al reconocimiento de las funciones que efectivamente se realizan en las oficinas judiciales y fiscales. En otros casos, sí que ha sido el Gobierno el que ha puesto en relación la subida salarial de otros colectivos y cuerpos a la implantación de las leyes procesales.
· El clasismo de un gobierno que se sienta a negociar con las élites judiciales mientras que pretende humillar al 93% de la oficina judicial ignorando sus peticiones de reunión o dejando sin comida al comité de huelga que permaneció en la sede del Ministerio de Justicia tras la fallida reunión del día 6 de junio.
El cambio actitud del Ministerio de Justicia durante la tarde de ese día y el cierre abrupto de la mesa con malos modos y que culminó con el abandono de la misma del Secretario de Estado es una muestra palpable de que desde el Ministerio siempre se han buscado enquistar el conflicto en vez de buscar salidas o soluciones al mismo.
· El rechazo sistemático, durante la legislatura, del Ministerio de Justicia a negociar el contenido de las normas llamadas a transformar este servicio público negándoles, asimismo, su condición de protagonistas clave en el proceso de cambio a costa de sus derechos laborales y condiciones de trabajo que se modifican unilateralmente como los destinos, la movilidad voluntaria o la especialización.
La presentación de los proyectos de ley de eficiencia en el Congreso sin negociación previa o la implantación del nuevo modelo de Registro civil que se está realizando sin negociar las relaciones de puestos de trabajo y sin reglamento de desarrollo o el bloqueo de la carrera profesional reconocida en la LOPJ desde hace cuatro años, son buena muestra de esta conducta antisindical de este Gobierno que se dice progresista.
Para el comité de huelga, el único responsable de la radicalización de este conflicto es el Gobierno de España que, con su actitud, está llevando al límite a los trabajadores, además, de estar hundiendo la Administración de Justicia en perjuicio de millones de ciudadanos.
Si, como dicen una y otra vez, desde el Ministerio y desde el Gobierno se apuesta por el diálogo y las soluciones acordadas a los conflictos no tienen más que convocar al comité de huelga y empezar una verdadera, real y efectiva negociación colectiva sobre la base de las reivindicaciones sindicales y de una contrapropuesta que todavía no han puesto encima de la mesa los representantes del Gobierno tras dos meses largos de conflicto.
Esta falta de propuesta demuestra, una vez más, de forma muy clara que no hay voluntad de acabar con el conflicto en Justicia para que se pueda empezar a recuperar la normalidad en el funcionamiento de este servicio público.
· La falta de voluntad de buscar soluciones por parte de los responsables ministeriales que se han dedicado a envenenar el conflicto con mentiras sobre la posición sindical en las escasas reuniones mantenidas.
No es cierto que se esté ligando el incremento retributivo a las leyes de eficiencia sino al reconocimiento de las funciones que efectivamente se realizan en las oficinas judiciales y fiscales. En otros casos, sí que ha sido el Gobierno el que ha puesto en relación la subida salarial de otros colectivos y cuerpos a la implantación de las leyes procesales.
· El clasismo de un gobierno que se sienta a negociar con las élites judiciales mientras que pretende humillar al 93% de la oficina judicial ignorando sus peticiones de reunión o dejando sin comida al comité de huelga que permaneció en la sede del Ministerio de Justicia tras la fallida reunión del día 6 de junio.
El cambio actitud del Ministerio de Justicia durante la tarde de ese día y el cierre abrupto de la mesa con malos modos y que culminó con el abandono de la misma del Secretario de Estado es una muestra palpable de que desde el Ministerio siempre se han buscado enquistar el conflicto en vez de buscar salidas o soluciones al mismo.
· El rechazo sistemático, durante la legislatura, del Ministerio de Justicia a negociar el contenido de las normas llamadas a transformar este servicio público negándoles, asimismo, su condición de protagonistas clave en el proceso de cambio a costa de sus derechos laborales y condiciones de trabajo que se modifican unilateralmente como los destinos, la movilidad voluntaria o la especialización.
La presentación de los proyectos de ley de eficiencia en el Congreso sin negociación previa o la implantación del nuevo modelo de Registro civil que se está realizando sin negociar las relaciones de puestos de trabajo y sin reglamento de desarrollo o el bloqueo de la carrera profesional reconocida en la LOPJ desde hace cuatro años, son buena muestra de esta conducta antisindical de este Gobierno que se dice progresista.
Para el comité de huelga, el único responsable de la radicalización de este conflicto es el Gobierno de España que, con su actitud, está llevando al límite a los trabajadores, además, de estar hundiendo la Administración de Justicia en perjuicio de millones de ciudadanos.
Si, como dicen una y otra vez, desde el Ministerio y desde el Gobierno se apuesta por el diálogo y las soluciones acordadas a los conflictos no tienen más que convocar al comité de huelga y empezar una verdadera, real y efectiva negociación colectiva sobre la base de las reivindicaciones sindicales y de una contrapropuesta que todavía no han puesto encima de la mesa los representantes del Gobierno tras dos meses largos de conflicto.
Esta falta de propuesta demuestra, una vez más, de forma muy clara que no hay voluntad de acabar con el conflicto en Justicia para que se pueda empezar a recuperar la normalidad en el funcionamiento de este servicio público.
